El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, argumentó que el informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), es una prueba fehaciente de la comisión de delitos de lesa humanidad en la crisis sociopolítica que vivió el país.

En entrevista exclusiva con El Noticiero de Canal 15, señaló que los protagonistas políticos que pueden tener responsabilidad emergente según el argumento documental, pueden ser los primeros detractores y responsables de la tergiversación del mismo, sin embargo, este descargo deberá efectuarse ante la justicia, que ya debe activar sus mecanismos para .

Respecto a los casos de Senkata y Sacaba, el canciller consideró que las fuerzas del orden dispararon “con gatillo fácil” y, en ese sentido, señaló que las FFAA no se cumplieron con su propio reglamento para actuar frente a los disturbios.

“Eso marca el tamaño de los delitos de lesa humanidad que se han cometido, hay dos niveles de responsables, los militares que dispararon, nuestra Constitución Política dice que ningún militar tiene la obligación de obedecer una orden que signifique violación de derechos humanos, y el segundo nivel que está marcado por las autoridades políticas, ellos han ordenado”, manifestó Mayta.

En ese ámbito, la autoridad refirió que el Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 que establece la participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo a las fuerzas de la Policía Boliviana, es equiparable a una “licencia para matar”.

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Juicio de responsabilidades

Según el criterio del canciller, el informe del GIEI no debe ser utilizado como un instrumento para reavivar una crisis sociopolítica en Bolivia, empero afirmó que debe servir para que las víctimas de los enfrentamientos de 2019, prosigan su camino de justicia.

“Hace más de un mes, las víctimas presentaron una proposición acusatoria contra Jeanine Áñez y personeros de su Gobierno, por estas graves violaciones de derechos humanos y está en la Fiscalía General, debería ser remitida a la Asamblea Plurinacional para ver si se autoriza o no y eso va a decidirse en medio del debate político y este informe va a ser un alimento objetivo”, agregó.