Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: miércoles 18 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Una serie de violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en Vila-Vila el 9 de noviembre de 2019, apunta presunta responsabilidad al exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez por ordenar el bloqueo de caminos, y a funcionarios de entidades públicas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), por su participación en hechos violentos.
Contenido
Una serie de
violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en Vila-Vila el 9 de
noviembre de 2019, apunta presunta responsabilidad al exgobernador de Oruro,
Víctor Hugo Vásquez por ordenar el bloqueo de caminos, y a funcionarios de
entidades públicas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), por su
participación en hechos violentos.
La revelación se
hizo tras conocer el informe final presentado por el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) acerca de lo ocurrido en 2019.
El informe hace
mención a una serie de acontecimientos que se registraron en distintas regiones
del país, referidos a los días de convulsión que se vivió tras el presunto
fraude electoral de 2019, que derivó en un descontento social y a su vez en la
renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
En el informe hay un
capítulo denominado: “Caravana del Sur” que se inicia en la página 138, en la
que hace referencia a un hecho que causó expectativa en el departamento de
Oruro, y fue lo ocurrido el 9 de noviembre de 2019 en la población de
Vila-Vila, distante a 55 kilómetros al Norte de la ciudad de Oruro. En el mismo
acápite se menciona, el enfrentamiento de Caracollo y Challapata.
VILA-VILA
Tras la descripción
de los sucesos de Vila-Vila, se estableció una serie de violaciones a los
derechos humanos, desde abusos sexuales, toma de rehenes, torturas, agresiones
físicas, entre otras.
La vulneración a los
derechos humanos apunta a una presunta responsabilidad del exgobernador de
Oruro, Víctor Hugo Vásquez y a exfuncionarios públicos que trabajaban en la
Gobernación, alcaldías administradas por el MAS y otras, que no solo se
dedicaron a bloquear las carreteras para evitar el paso de caravanas hacia La
Paz, sino de contenerlas con violencia.
“Un exfuncionario
confirmó que alcaldías administradas por el MAS movilizaron maquinaria para
ayudar a preparar los bloqueos y evitar la llegada de la caravana a La Paz”, se
indica en una parte del documento.
En la evaluación
analítica del GIEI, hay un acápite bajo el título de: “Principales hechos de
violencia y vulneración de derechos humanos”.
“La responsabilidad
estatal por los acontecimientos ha sido comprobada por diversas fuentes.
Testigos ante el GIEI, así como fotografías y videos revisados indican que
había distintos tipos de bloqueos. Algunos eran tendidos de tierra, piedras,
llantas y ‘miguelitos’ sobre la carretera, así como promontorios de tierra,
piedras y escombros de grandes dimensiones”.
Se señaló que
pobladores de algunas localidades informaron a los integrantes de la caravana
que los bloqueos fueron efectuados por personas ajenas a la comunidad, en
algunos casos con la participación de funcionarios públicos dependientes de
gobernaciones, alcaldías e instituciones públicas.
El GIEI destacó tres
medios probatorios; el primero basado en un informe de la Felcc de Oruro, que
reconoce que en Sora Sora se verificó presencialmente que funcionarios y
maquinarias públicas eran utilizadas para los bloqueos.
El segundo,
establecido en el Instructivo 25/2019 de 7 de noviembre emitido por el Director
del Servicio Departamental de Deportes del Gobierno Departamental de Oruro, en
el que se instruye a sus funcionarios a participar en los bloqueos y en el
enfrentamiento de la Caravana del sur en Vila Vila:
“… constituirse a la
población de Vila Vila el día viernes 8 de noviembre del 2019 a horas 6:30 am
para realizar el bloqueo correspondiente y no dejar pasar a la derecha
opositora así mismo resguardando el proceso de cambio de nuestro presidente
Juan Evo Morales Ayma. La asistencia será estrictamente controlada y por
incumplimiento se sancionará con dos días de haber (sic)”.
El tercero, es un
video al que tuvo acceso el GIEI, en que el entonces gobernador, Víctor Hugo
Vásquez, instruyó a líderes locales sobre cómo debería efectuarse el bloqueo de
caminos, indicando expresamente que “calculamos que en una hora a dos horas por
lo menos el camino va estar cerrado”, y que “no queremos cerrar hacia Oruro,
queremos que haya tránsito libre, queremos cerrar aquí, ¿porque queremos cerrar
aquí? Porque están trasladando buena cantidad de personas de Potosí, Tarija”.
Resalta el GIEI que
en la entrevista realizada a Vásquez, aceptó la autenticidad del material
audiovisual del Gobernador de Oruro instruyendo el bloqueo de carretera,
entregado por un testigo, el 17 de abril de 2021.
También destaca que
durante los enfrentamientos en Vila-Vila y Caracollo, particulares o personas
no pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado, habrían accedido y
empleado armas del uso privativo de estas últimas, como gases antidisturbios o
antimotines. El Estado, al dar soporte a los bloqueos, cuando menos asumió el
riesgo de enfrentamientos y de un ataque, teniendo en cuenta que los
bloqueadores previamente anunciaron su intención de uso de la violencia y que
portaban armas.
“Los hechos de
violencia en Vila-Vila, Caracollo y Challapata, que incluyen tortura, privación
de libertad, lesiones corporales, destruición de bienes materiales y ataques a
personal de salud, se produjeron como parte del ataque instigado por el Estado,
que estimuló los bloqueos y apoyó el traslado de civiles a los lugares de los
ataques, es decir, asumió plenamente la eventualidad de que se desatara la
violencia” se afirma en la evaluación.
Además, el GIEI
estableció que el Estado consintió lo ocurrido en la medida que no investigó o
sancionó a los responsables. Se observó la participación directa o indirecta
del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en
los eventos referidos.
