Mientras organismos internacionales abogaban ayer por la reconciliación, el Gobierno mantuvo vigente el libreto de la polarización que cierra la posibilidad de un acercamiento con la oposición. Este fue uno de los climas de opinión tras las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que terminó por oficializar este diagnóstico: la justicia no es imparcial y sufre presiones políticas desde hace mucho tiempo.

Los especialistas incluyeron esa conclusión en el informe de la crisis de 2019, presentado el martes, y que puso en evidencia el vacío de poder, masacres, ejecuciones sumarias, abusos sexuales, además de un uso desproporcionado de la fuerza, perpetrados entre septiembre y diciembre de ese año. También señaló responsabilidades del Estado en el gobierno de Evo Morales y durante el inicio de la transición de Jeanine Áñez. Confirmó fallas estructurales en la Fiscalía y el Órgano Judicial que impidieron esclarecer esos hechos, así como reponer el daño a las víctimas, entre las que se cuentan a familiares de las 37 personas que murieron entonces.

“El GIEI considera que el sistema de justicia en Bolivia necesita reformas para que sea independiente, transparente y capaz de impartir justicia a todos los ciudadanos de manera justa. El informe señala que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos”, afirmó Julián Burger, uno de los especialistas que fue parte del GIEI y trabajó en la investigación.

Esta propuesta fue respaldada por la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas (ONU), dos organismos que abogaron por una justicia transparente en favor de la reconciliación.

“Deseamos que ese informe permita avanzar y hacer justicia de forma transparente, implementando sus recomendaciones, y que la dignidad de las víctimas sea reconocida con la reparación integral que se plantea”, remarcó la legación diplomática de la Unión Europea (UE), tras conocer el reporte de los especialistas independientes que investigaron las vulneraciones a los derechos humanos entre septiembre y octubre de 2019 y que dieron lugar a la pérdida de 37 vidas bolivianas.

El organismo europeo remarcó que “el informe GIEI puede y debe ser una herramienta más para lograr la reconciliación de Bolivia” y ratificó su respaldo en favor de la convivencia pacífica en el país.

En ese mismo sentido, la ONU expresó su disposición “a seguir acompañando al Estado y a la sociedad en la consolidación de la paz y el respeto a los Derechos Humanos sin ninguna distinción” y expresó su confianza que el reporte se traduzca en acciones en favor de la justicia y la reparación integral de daños a los afectados.

Ambas entidades internacionales apoyaron a Bolivia en el proceso de pacificación tras el estallido de la crisis que se dio por efecto del fallido proceso electoral de 2019 y la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, en medio de tensiones y protestas sociales.

Ante esta realidad, ayer viajaron hasta Sucre el ministro de Justicia, Iván Lima, y el procurador, Wilfredo Chávez, para acompañar la presentación del informe del GIEI, precisamente, a las máximas autoridades del Órgano Judicial y la Fiscalía. Estas autoridades cumplieron agendas separadas.

Por una parte, Lima anunció la puesta en marcha de la reforma de la Justicia, una iniciativa que ya fue presentada al inicio de la actual gestión constitucional.

“El presidente Luis Arce me ha instruido que debemos reencauzar todas las acciones encaminadas a la reforma judicial junto con el Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó el ministro Lima, quien incluso anunció incrementos en los presupuestos para este propósito.

Además, aseguró que “se ha vuelto una cuestión de Estado la muerte de cada uno de los bolivianos” durante la crisis de 2019 y con ese tono, remarcó la voluntad del Gobierno de llevar adelante los cambios estructurales que demandaron los especialistas.

La autoridad explicó que la reforma deberá ser liderada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y anticipó que se priorizará la institucionalización en el nombramiento de fiscales y jueces, bajo criterios de competencia, que tomen en cuenta, incluso, criterios de género y respeto a los pueblos indígenas del país.

Además de la falta de independencia en la Justicia, el GIEI percibió que la detención preventiva es usada a menudo sin los requisitos legales y, en algunos casos, “como medio de coacción de personas para la incriminación de terceros”.

“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas con la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”, anotó el reporte en el capítulo respecto a los problemas estructurales que están en la base de la crisis de 2019.

Ante este escenario, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, anunció ayer procesos legales contra todos los operadores de justicia que se apartaron de la normativa vigente o actuaron bajo presión política en la investigación de los delitos derivados de la crisis de 2019.

Fue la primera señal que emitió este órgano del Estado tras la presentación del informe. “Los operadores de justicia que se apartaron de la Constitución y la norma, y actuaron a partir de presiones políticas o de otros intereses, deben rendir cuentas ante la ley. Este es el criterio del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.

El magistrado también anticipó que si hubo operadores “que actuaron de manera cómplice con hechos irregulares y vulnerando derechos humanos y el debido proceso, deben ser investigados”. “Nadie está por encima de la ley ni la Constitución Política del Estado”, añadió la autoridad judicial.

El GIEI entregó ayer el informe en Sucre y en el barrio de Senkata, en El Alto. En la capital del Estado y sede del Órgano Judicial los especialistas Marlon Weichert y Magdalena Correa presentaron el resultado de su trabajo a las altas autoridades de ese poder, incluido al fiscal general, Juan Lanchipa.

Hasta la presentación del informe, las acciones legales para esclarecer las muertes y otras graves afectaciones por la violencia política de 2019 avanzaron con mayor velocidad contra las personas que en 2019 salieron a protestar contra Evo Morales. En otros casos, en los que están involucrados personas afines al MAS, las acciones legales están congeladas o extintas. Frente a ello, el grupo de expertos afirmó que estos casos no pueden prescribir ni sería aceptable medidas de amnistía para estos casos.

El procurador Chávez, que también se reunió con Lanchipa para pedirle que acelere el juicio de responsabilidades contra Áñez, optó por enviar un mensaje a los opositores con miras a la instauración de un juicio de responsabilidades contra Áñez, encarcelada desde marzo tras ser acusada de perpetrar un “golpe de Estado”.

“No existe argumento alguno para que se pueda demorar el enjuiciamiento de estas personas. No habría otra posibilidad. Que la política, alguna vez, se sume a la justicia y en este caso, quienes han resistido recurrentemente a la justicia o no han ido a declarar o se han callado o han encubierto asesinos, como Carlos Mesa, ahora tienen la responsabilidad histórica y política de aprobar este juicio de responsabilidades. De lo contrario, caerían en una gravísima complicidad con los asesinatos que aún están impunes”, dijo el jurista que fue abogado de Evo.

“Primero tiene que llevarse adelante una investigación y un enjuiciamiento de todo lo hecho por el expresidente Evo Morales, vinculado a la crisis del 2019”, dijo en La Paz el expresidente Mesa, en una rueda de prensa.

Mesa no descartó apoyar un juicio contra Áñez, pero “primero —dijo—se tiene que cambiar a los operadores de la justicia”.

“Me han procesado desde 1989, hemos ganado todos los procesos, y vengan de donde vengan los procesos, vamos a seguir ganando”, dijo el expresidente Morales.

Para el constitucionalista Jorge Asbún, la reforma de la justicia pasa por evaluar los resultados de la elección de las altas autoridades de justicia. “Esto ha profundizado la politización, porque es el Legislativo el que tiene las llaves de quienes pueden ser candidatos”, porque no existen estándares para seleccionar a los profesionales que sean más idóneos.

En cuanto a la designación de fiscales, el Ministerio Público debería eliminar los interinatos, afirmó Asbún. “Esta es una forma para el control político” señaló. “Y aquí solo se requiere cumplir la ley, sin necesidad de reformas”.

Williams Herrera, jurista y académico de Derecho Constitucional, consideró que el poder político debe devolverle la independencia al Órgano Judicial. “Sin esta decisión, sincera y real, ninguna reforma va a funcionar”, dijo. Se trata, remarco, “de que podamos creer en la justicia”.

EL COMITÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ PIDE AL GIEI QUE COMPLEMENTE EL INFORME SOBRE LA CRISIS DE 2019

El Comité pro Santa Cruz pide conversar con los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que presentaron su reporte final sobre la crisis de 2019. Enviaron una carta para pedir complementar el reporte y anular un “intento de tergiversación” por parte del Gobierno.

“El presidente Luis Arce y el ministro de Gobierno hacen una referencia negativa contra el Comité pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista, tergiversando todos los informes con unas ansias de perseguir a los líderes que defendieron la democracia. Es por ello que invitamos al GIEI a que nos visiten y conozcan de primera mano cuál fue la lucha del pueblo cruceño y boliviano”, sostuvo el presidente de la entidad Rómulo Calvo.

Señaló que la génesis de la crisis política fue la vulneración a la voluntad popular del referéndum del 21 de febrero de 2016, “el fraude del 2019, los asesinatos en Montero y la violación de las mujeres en Vila Vila”. Todos estos delitos ocurrieron durante el gobierno de Evo Morales, en los días cuando se aferraba al poder.

El reporte señala que durante el paro cívico de los 21 días, que se desarrolló contra los resultados de las elecciones, se violaron varios derechos de la ciudadanía y se produjeron agresiones a personas que no estaban de acuerdo con esa medida de presión. También detectó ausencia de justicia por las muertes en Montero.

VILA VILA ES EL CASO CERRADO POR LA JUSTICIA QUE PUDO HABER TERMINADO EN UNA MASACRE

Las dos caravanas de autobuses que se transportaban estudiantes y mineros a La Paz fueron atacadas por seguidores del MAS el 9 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales aún se mantenía en el poder. El caso fue cerrado por la Fiscalía, pese a que debía continuar de oficio dada la gravedad de los hechos.

Marlon Weichert (Brasil) y Magdalena Correa (Colombia), prestaron el informe del GIEI Sucre. Detallaron que se identificaron ataques con arma de fuego que fueron planificados. “Este ataque fue realizado por personas que también recibieron el apoyo del poder público”, afirmó Weichert tras remarcar que lo sucedido con ambas caravanas se constituyen en “graves violaciones de derechos humanos”.

“Esos hechos podría haberse transformado en una masacre, por suerte no fue una masacre”, sostuvo el especialista.

El Fiscal General, Juan Lanchipa, indicó que en reunión con el GIEI mencionó “algunos puntos que no se tomaron en cuenta en el informe” que identificó serias debilidades en las investigaciones. Atribuyó esa falta de solvencia a la pandemia, puesto que el Órgano Judicial dispuso la paralización de las funciones. Señaló que muchas víctimas sufrían presión por parte del Ministerio de Gobierno para dar información.

Tras la renuncia de Evo, la Fiscalía ordenó la detención de los vocales electorales. El GIEI observó serios errores en ese caso.

EXPERTOS PIDEN AL ESTADO SANCIONAR A RESPONSABLES DE LA MASACRE DE SENKATA

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demandó al Estado sancionar a los responsables por la muerte de los 11 civiles en Senkata. “Es deber del Estado investigar exhaustivamente estos hechos, sancionar a los responsables directos y mediatos y reparar integralmente a las víctimas”, señaló el secretario de este cuerpo colegiado, Jaime Vidal.

“No usamos la denominación de crímenes de lesa humanidad, pero no quiere decir que no hayamos investigado; al contrario, tratamos de analizar los hechos más graves que hemos incluido en nuestro informe bajo la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, que tiene una definición muy precisa para lo que se llama como crímenes de lesa humanidad. No encontramos elementos suficientes en las pruebas que observamos para determinar esos criterios que hacen que ciertas violaciones de derechos humanos adquieran la característica de crimen de lesa humanidad”, dijo luego Juan Méndez, integrante del GIEI.

El informe fue entregado ayer a los familiares de las personas que fallecieron en un acto que se celebró en la iglesia San Francisco de Asís de Senkata, el barrio de la periferia de El Alto que está a 40 kilómetros de La Paz.

En ese templo se hicieron las autopsias y se velaron los cuerpos de las víctimas el 19 de noviembre de 2019.