“Para que haya reconciliación entre bolivianos, tiene que haber justicia” dijo el canciller Rogelio Mayta, quien en entrevista con El País se refirió al informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos violentos registrados el 2019, documento que identifica vulneraciones antes y después de la caída de Evo Morales, cuestiona la injerencia en los tribunales, la inacción policial, el abuso de poder y cataloga nítidamente como masacres los hechos de Senkata y Sacaba.

Mayta da un pantallazo de los pasos que dará el Gobierno en fin de garantizar justicia para las víctimas. Y aunque existen dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial en Bolivia, el Canciller considera que será un reto seguir los procesos judiciales, a los responsables de las muertes de 2019, con la institucionalidad judicial que se tiene actualmente.

Es por ello que, para garantizar el debido proceso, el Gobierno prevé pedir el apoyo de instituciones internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El País: El país recibió el informe del GIEI-Bolivia sobre los hechos registrados el 2019, después de una investigación que se realizó durante ocho meses. ¿Cómo ha tomado el Gobierno los resultados?

Rogelio Mayta (RM): Bueno, es un paso importante en la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en noviembre de 2019. Es un paso también que vamos dando como sociedad boliviana en el proceso de reconciliación que nos debemos, para que haya una reconciliación tiene que haber justicia y también tiene haber verdad.

Es por eso que, primero, se da la constitución del GIEI-Bolivia, en noviembre de 2020, y luego este informe que ha sido celebrado por la comunidad internacional en general y en particular por la institucionalidad de Derechos Humanos. Porque precisamente es un paso importante en ese sentido, para que haya justicia, se conozca la verdad y que haya reconciliación.

EP: El presidente Luis Arce ha dado su primera instrucción, tras recibir el informe, un juicio de responsabilidades

RM: Sí, lo que ha pedido el Presidente va en consonancia con lo que ya está ocurriendo. Hace ya un tiempo atrás las víctimas presentaron una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra la señora Áñez y otros miembros de su Gobierno, ahora ese proceso está en la Fiscalía General y el trámite que se le debería seguir es que el Fiscal General debería pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se debata ahí, y ese debate puede aprobar un juicio de responsabilidades con dos tercios de votos de sus miembros o si no se tiene esos dos tercios puede ser rechazada y entonces el proceso inviabilizado.

En ese camino, este informe del GIEI va, sin lugar a dudas, ser un elemento muy valioso, porque va permitir a diputados y senadores, de todas las tiendas políticas, tener una referencia objetiva de lo que pasó, para ver si ese juicio de responsabilidades tiene sustentos mínimos para poder avanzar o no. Esa es parte de la transcendencia que puede tener este informe.

EP: Para viabilizar este juicio de responsabilidades, ¿el Gobierno buscará algún tipo de acercamiento con las otras bancadas?, porque las va necesitar para llegar a esos dos tercios

RM: Bueno, el acercamiento tiene que ser en función de los hechos y lo que se ha investigado hasta este momento. No creemos que inicialmente deba haber más que hablar de los hechos y la necesidad de que haya justicia.

Lo importante que nos trae, entre muchos elementos más, este informe del GIEI, es tener la constatación objetiva de que en escenarios como Sacaba y Senkata ocurrieron verdades masacres, lo que llama el informe: ejecuciones extrajudiciales, lo que Derechos Humanos a nivel internacional llama: delitos de lesa humanidad.

Entonces, eso es un elemento muy importante, porque en medio de la polarización que existía, en medio de la pugna que existía en esos tiempos, hubo versiones falsas. Se decía que la gente se había disparado entre sí, luego se había señalado que la gente tenía planes de hacer explotar la planta de Senkata, que de alguna manera lo que se pretendía era justificar la violencia que habían ejercido.

Este informe del GIEI echó por tierra esas versiones. Se ha evidenciado que en el caso de Senkata los manifestantes habían dejado salir un convoy de cisternas con gasolina y que después de ese hecho la Policía y los militares ejercieron medidas que eran incomprensibles, disparando, hiriendo y asesinando a los manifestantes y que eso no tenía ninguna consonancia con las reglas del uso de la fuerza. Porque, ya sean militares o policías, cuando concurren a la contención de manifestaciones, de protestas, deben cumplir reglas. Una de esas es que primero deben advertir, eventualmente usar medios como gases lacrimógenos u otros agentes químicos, utilizar en último caso algún tipo de advertencia, y el único momento en que las fuerzas del orden pueden utilizar fuerza letal es cuando sus vidas están en peligro, militares y policías.

Pero ninguna de esas reglas se utilizó, las reglas nacionales e internacionales para el uso de la fuerza se incumplieron terriblemente y eso lo constata el GIEI, por eso dice que ahí se han cometido prácticamente delitos de lesa humanidad.

Y ahí hay autores directos o inmediatos, que son los que han operado en el terreno, militares fundamentalmente, en Senkata y Sacaba, y los responsables intelectuales. Y en cuanto a eso, hace referencia a que el factor que determina que se realicen esas operaciones militares es el Decreto Supremo 4078.

Este Decreto 4078 hace dos cosas fundamentales, primero dispone que se realicen las operaciones militares contra la protesta social, eso es muy importante, porque según la legislación boliviana quien controla los disturbios civiles es la Policía, pero ahí, los políticos que firman, la señora Áñez encabezando y otros, dicen que los militares deben hacer operaciones contra la protesta civil. Y segundo, este Decreto Supremo libera de responsabilidad penal a los militares que actúen en esas operaciones. Se da ese Decreto Supremo e inmediatamente se da el operativo en Sacaba y después en Senkata.

Entonces, eso ha sido constatado por este grupo interdisciplinario de expertos independientes, es una contribución importante. Ahora a los bolivianos y bolivianas nos resta que se haga justicia.

EP: El informe también recomienda algún tipo de resarcimiento a las víctimas, ¿cómo se va trabajar en esto?

RM: Se va tratar de seguir todas las recomendaciones que da el GIEI y eso pasa por un censo de víctimas, que es hacer el listado de todos los que han sufrido daños en esos días, las características de este, para tratar de reparar el daño a diversos niveles. Vamos a ir viendo.

Una vez que se han dado esas recomendaciones, inicialmente el Estado boliviano ha dicho que las vamos a aceptar, obviamente en el marco de lo que permite nuestra Constitución y nuestras leyes, y vamos a pedir una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos puedan ayudarnos haciendo el seguimiento de cómo vamos a ir aplicando todas las recomendaciones que nos ha dejado este grupo de expertos independientes.

EP: Volviendo al tema del juicio de responsabilidades, Fernando Camacho, líder de la bancada de Creemos, ha dicho: juicio a Jeanine Áñez sí, pero a Evo Morales también. Luis Almagro también indicó que el informe da pautas para llevar a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional

RM: Partiremos de lo que dice Almagro, que lastimosamente es muy desatinado y más es una expresión demagógica. La Corte Penal Internacional tiene lo que se llama una jurisdicción complementaria o subsidiaria, que solamente se activa cuando la justicia de un país no funciona, cuando hay una constatación real, efectiva, de que no se puede llegar a tener justicia en ese sistema, lo que no ocurre con el caso boliviano. Podemos tener dificultades, pero las mismas recomendaciones de la GIEI es que sigamos los procesos acá, en Bolivia. Por eso, lo de Almagro es algo impertinente inclusive, que va muy en la línea del señor Almagro.

Lastimosamente el Secretario General de la OEA ha seguido un camino de desatinos en varios temas. Como Canciller me toca relacionarme con mis pares de diversos países y puedo decirle que existe descontento con la labor de Almagro y no solamente entre los países que tienen cierto corte o coincidencia de perspectiva política, es de un lado como del otro.

Almagro fue reelegido hace aun año, pero ahora existe en marcha un proceso de reflexión sobre su permanencia o no en la Secretaría General, en función de todos los desatinos que va realizando. Le doy un ejemplo, hace unas tres semanas intentó hacer aprobar una resolución en contra de Cuba y Cuba no es parte de la OEA, desde hace muchas décadas atrás. Entonces, lo que han hecho los países es manifestarse, en bloque, 13 países del Caribe le enviaron una nota a Almagro diciendo que no iban a participar de esa sesión y otros países se han ido sumando. Al final, Almagro tuvo que suspender la sesión, porque si la realizaba no iba a tener quórum y se lo tenía iba a tener increpación de muchos países y su resolución nunca iba a ser aprobada. En esa línea, vemos que lo de Almagro es uno más de sus desatinos.

Ahora, en la relación a las expresiones de otras personas, políticos, bueno nosotros hemos ratificado que aquí prima los derechos constitucionales, quien considere que alguien debe ser procesado, pues puede expresarlo. Es más, puede activar los mecanismos necesarios y nuestras autoridades de justicia tendrán que llevar esa situación por donde corresponda. Aunque resulta muy llamativo ese tipo de situaciones, porque parece más un discurso demagógico también.

En el caso de la señora Áñez, el GIEI identifica escenarios de violación de derechos humanos y vinculación con la actuación de las autoridades, de quienes ejercían gobierno en ese entonces. En el otro caso, hay lastimosamente escenarios de violencia entre civiles, que es diferente. Pero bueno, ahí está planteada la posibilidad, si alguien cree que es necesario, está en su derecho de activar los mecanismos de justicia.

Lo que corresponde a las autoridades, del Ejecutivo y fundamentalmente del órgano judicial, es tratar de que tengamos procesos que sean creíbles, y que sean creíbles en la medida que se resguarde el debido proceso, que se resguarden los derechos humanos, de todas las partes. Por un lado, las víctimas acusadoras, por otro lado, a quienes se considera responsables, los acusados.

Este es un verdadero reto para nuestro país, para nuestra sociedad. Porque el GIEI nos dice, por un lado, sus órganos de justicia no están bien, su Fiscalía no ha funcionado bien, nos dice que han sido como actores de la persecución política que se ha desarrollado desde noviembre de 2019 y que nuestra justicia ha detenido ilegalmente a mucha gente y que nuestra Policía, esa Policía de noviembre para adelante, en las detenciones ha realizado torturas. Pero luego, esa institucionalidad es la que tiene que hacer justicia.

Entonces, es un poco complicado o bastante difícil. Para eso, el GIEI nos da recomendaciones que tenemos que seguir precisamente para darle legitimidad, credibilidad a esos procesos. Parte de eso es que la Fiscalía tendría que generar una comisión de fiscales que tengan reconocimiento profesional, fiscales que tengan experticia en derechos humanos, por lado. Por otro, la GIEI nos dice, como una forma de fortalecer la credibilidad, que también pueda haber la participación de instancias internacionales.

Ahora, nosotros estamos analizando eso. Por nuestra Constitución y nuestras leyes no se puede meter al trabajo de la Fiscalía, la Fiscalía es la competente, pero, podemos generar mecanismos de seguimiento, que de alguna manera instancias como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos o la misma Corte IDH puedan hacer seguimiento de estos procesos, no cada dos o cinco meses, sino un seguimiento permanente, que ellos vayan como certificando que se está cumpliendo el debido proceso, que se están respetando los derechos humanos de las partes, ni se está transgrediendo los derechos de las víctimas ni de los procesados.

Y que, al finalizar el proceso, estas instancias internacionales, que están ajenas a nuestras pugnas políticas internas, puedan certificar que el proceso se ha llevado bien, cumpliendo las reglas del juego y los estándares internacionales.

Entonces, hay muchas cosas todavía por trabajar, es importante el trabajo del GIEI, ha sido un paso, pero hay todavía bastantes retos que afrontar.

EP: Uno de ellos es la reforma al sistema judicial

RM: Ahí hay dos cosas diferentes. Primero, tenemos el reto de enfrentar los procesos de justicia concretos, esos los debemos afrontar con la institucionalidad que tenemos, porque no podemos esperar a que se hagan las grandes transformaciones y después recién querer hacer justicia. Por eso es que ahorita debemos trabajar con la institucionalidad y las recomendaciones que nos da la GIEI, con las cosas como están. Debemos tener un buen equipo de fiscales, que tienen que tener credibilidad, reconocimiento, experticia, y que todo el proceso se haga con el seguimiento de instancias internacionales. Eso, como la receta, como el camino, para trabajar con lo que tenemos.

Pero, el tema de justicia es mucho más amplio, es estructural, y probablemente ese tema de cambios estructurales lo tengamos que encarar como sociedad boliviana a más largo plazo. Desde el Ejecutivo hemos impulsado proyectos de ley que generen un cambio trascendental, drástico, en la justicia, a través de procesos de reingeniería, de cómo están organizados los sistemas de justicia, eso es lo que podemos hacer, pero al Ejecutivo no le toca eso. Les toca a las mismas autoridades de justicia, a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia.