Las recomendaciones que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de 2019 deben ser acatadas por el Estado boliviano en el marco del pacta sunt servanda, ya que es miembro adscrito de una organización internacional, manifestó a EL DIARIO el coronel en servicio pasivo del Ejército, abogado constitucionalista y docente, Jorge Santistevan.
“El Estado moralmente está obligado a cumplir las recomendaciones del GIEI porque todos los estados que tienen adhesión a un tratado, dictamen, acuerdos, etc. están obligados a cumplir el pacta sunt servanda. Por otro lado, el Estado boliviano al ser parte miembro de una organización internacional de la cual depende la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y el GIEI, que se desprende de la Comisión de Derechos Humanos, esas recomendaciones tienen carácter vinculante con arreglo a la leyes bolivianas”, aclaró.
Por otro lado, en criterio del jurista, las recomendaciones del GIEI al cambio de la justicia, está orientada a modificar el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y otras normas.

APUNTES
Por otro lado, en el tema del riego de hacer explotar los tanques de combustible en Senkata, el informe señala que “las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas por las diligencias investigativas conducidas por el GIEI no confirman que hubiera existido ese riesgo concreto. Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas”.
Al respecto, Santistevan apuntó que el informe de la GIEI no cuenta con más elementos indiciarios como los perforados con cinceles que hicieron los manifestantes alrededor del muro de Senkata (El Alto).
“Ellos fueron al lugar ya con la predisposición de colocar dinamitas o explosivos para derribar el muro. El GIEI debió entrevistar a los militares de mediano y bajo rango porque son ellos quienes estuvieron de cerca observando las acciones de los manifestantes”, apuntó.
Asimismo, refirió que de los diez fallecidos en el Puente Huayllani de Sacaba (Cochabamba), solo una de las víctimas tenía proyectil calibre 5.56 de arma de fuego que se usan tanto la institución militar como la policial, empero también son utilizados en campeonatos y prácticas de tiro.
“No saben en absoluto el calibre de arma de fuego, menos dirección y distancias. Hasta aquí el informe es incompleto y carente de criterio imparcial. Las Fuerzas Armadas en Huayllani fueron en apoyo a la Policía y estaban ubicados a partir de la tercera línea de defensa o contención, por lo tanto, ellos no podían disparar por encima de los policías de segunda y primera línea”, acotó.
Asimismo, recordó que las pericias forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) son incompletas.
“La escena tanto de Senkata como Huayllani fue contaminada. El GIEI no valoró las perforaciones de munición de guerra disparada desde el lado de manifestantes a los carros blindados en el Puente Huayllani. En Senkata descartan la posibilidad de sabotaje o destrucción de la planta. Habiendo las evidencias del derribamiento del muro que tampoco atribuye con contundencia a la responsabilidad de los manifestantes. Ellos si no tenían resistencia con seguridad tomarían la planta y personajes sin escrúpulos infiltrados entre los manifestantes pudieron generar un desastre lamentable para la familia alteña y boliviana, afectando por lo menos a cien metros a la redonda con cientos de muertos y enormes daños a la propiedad pública y privada”, dijo.
Asimismo, lamentó que no hayan convocado a declarar a los comandantes de los Comandos Estratégicos Operacionales (CEOs) ni de las Fuerzas, por lo que, en su criterio, el informe es inconcluso.