La Unión Europea destacó este miércoles el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019 en Bolivia y consideró que debe ser una herramienta más para lograr finalmente la reconciliación en el Estado Plurinacional.

“La @UEenBolivia saluda la presentación de reporte de GIEI sobre 2019. Deseamos que ese informe permita avanzar y hacer justicia de forma transparente, implementando sus recomendaciones, y que dignidad de las víctimas sea reconocida con reparación integral que se plantea”, declaró la UE mediante su cuenta en Twitter.

Asimismo, en otro mensaje publicado en la misma red social, remarcó que “el informe (del) GIEI puede y debe ser una herramienta más para lograr la reconciliación de Bolivia” y en ese sentido también reiteró “su apoyo a toda iniciativa que contribuya a la convivencia pacífica y al diálogo entre los bolivianos”.

Horas antes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que se necesita empezar con el proceso de reconciliación en el país, pero sin que eso signifique asumir un pacto de silencio.

“Necesitamos, y es uno de los mandatos de nuestro presidente (Luis Arce), empezar esa reconciliación entre todo el pueblo boliviano, pero eso no significa que exista un pacto de silencio porque hay decenas y centenas de familias bolivianas que están exigiendo justicia”, enfatizó Del Castillo en una entrevista con Unitel.

El martes, en el mismo sentido, el presidente Arce dijo que no se aceptará ningún pacto de silencio porque considera que los responsables del gobierno de Jeanine Áñez pretenden acallar todo lo ocurrido durante su administración del país.

“Los responsables del gobierno de facto y división de los bolivianos pretenden inducirnos a un pacto de silencio, que acalle todo lo ocurrido durante los años 2019 y 2020, bajo amenaza de precisamente un nuevo golpe de Estado; (pero) escúchenme bien, como gobierno nacional, como movimiento social, como bolivianos, no vamos a aceptar un pacto del silencio”, indicó Arce.

El GIEI concluyó que en el último trimestre del año 2019 —es decir durante la parte final del gobierno de Morales y el inicio de la gestión de Jeanine Áñez— se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia en el marco de un conflicto político rodeado de violencia y donde al menos 38 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

Además, “lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Entretanto) la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados”, cita otra parte de la conclusión del grupo de expertos independientes.