El refrán español con el que se encabeza este artículo si bien se aplica a personas podría también extendérselo, con un poco de abuso de lenguaje, a hechos. No es la Universidad de Salamanca, por sabia que sea,  la que puede modificar lo que ha pasado.

El informe del profesor Corchado de la Universidad de Salamanca, en el que se basa el cierre del caso de fraude electoral,  es el de una consultoría. Muchas universidades han creado empresas consultoras que usan el capital de conocimientos de sus centros académicos, entendidos  en sentido estricto. En inglés se les llama spin-offs. Es una forma adicional de financiar sus actividades y sus inversiones. La Fundación Universidad de Salamanca cobija a emprendimientos como el Deep Tech Lab del Bisite del profesor Corchado.

Una consultoría difiere de un trabajo de investigación científica. Su objetivo final es la satisfacción del cliente mientras que los protocolos de una investigación científica son diferentes. En primer lugar está sometida al escrutinio por sus pares, a quienes se tiene que convencer con evidencias abrumadoras de lo bien fundado de los hallazgos. En segundo lugar una investigación científica es comunicable, en publicaciones indizadas, que han sido revisadas por expertos anónimos. No tiene cláusulas de confidencialidad. Los procedimientos anteriores están lejos de ser perfectos pero responden a las mejores prácticas.

El informe del profesor Corchado no responde a ninguno de los criterios mencionados y es una exageración decir que es un informe científico. Está elaborada por un académico que goza de buena reputación, pero no deja de ser una consultoría. Criticar al profesor Corchado porque es amigo de Rodríguez Zapatero o con otras nimiedades de ese tipo, está fuera de lugar. Si hay que criticar no es a Corchado sino a la fiscalía que tomó como base de su decisión, de tan grave alcance, un informe que tenía un cometido restringido y que desdecía no sólo a la OEA sino también a numerosos trabajos de académicos bolivianos.

La opinión consultiva de la CIDH ha dejado en claro que la reelección consecutiva indefinida no es un derecho humano. Le ha puesto el último clavo jurídico al ataúd de una absurda pretensión. Desde un punto de vista más político, las renuncias impuestas  y otras interferencias al Tribunal Supremo Electoral (TSE) vinieron a sumarse al espurio argumento de la reelección como derecho humano y erosionaron  la credibilidad del proceso electoral.

El TSE, muy cuestionado, tenía que reganar la confianza del electorado. La Transmisión de  Resultados Electorales Preliminares (TREP) tenía en ese contexto el papel de control social. Corchado y sus colaboradores, si bien reconocen interferencias en la TREP, afirman que son inconsecuentes para el cálculo final, lo que es una conclusión apresurada. El apagón de la TREP fue un dato mayor que no podía ser subestimado.

En inglés se tiene la expresión “garbage in – garbage out” (basura de entrada – basura de salida) para referirse a que técnicas de computación no pueden arreglar la mala calidad de los datos. Como no estaba en el alcance de la consultoría del profesor Corchado juzgar la calidad de los datos que le proporcionaba la Fiscalía, hay una legítima desconfianza al respecto.

La discusión de los últimos días me ha traído a la memoria la quiebra el año 2000 del fondo de cobertura (en realidad un fondo de inversión) Long Term Capital Management, que tenía entre sus ejecutivos principales a Myron Scholes, de formación matemático, premio Nobel de Economía 1997. Los titulares sarcásticos de los periódicos de esa época eran ¿confiaría Usted su dinero en grandes cantidades a un profesor de matemáticas? Parafraseando a estos periódicos, ¿fue sensata la fiscalía en basar su decisión de cerrar el caso del fraude en el informe de un profesor de computación, que por declaración propia no tenía experiencia en procesos electorales? Para una decisión tan importante ¿no había que haber seguido el ejemplo de las juntas médicas que se conforman para tratar el caso de un enfermo cuya vida peligra?