Leer el informe del Grupo Internacional de Expertos Internacionales (GIEI) que investigó los sucesos comprendidos entre septiembre y diciembre de 2019, durante los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez, es revivir la violencia y el horror de aquellos días, cuando murieron 37 compatriotas en una pelea política que no debió existir.

Lejos de las predicciones de la oposición en sentido de que el informe sólo favorecería al MAS y lejos también de los deseos del oficialismo de que este estudio le serviría para alimentar su teoría del golpe y para terminar de aplastar a sus rivales políticos, la investigación del GIEI resultó ser ecuánime y, como correspondía, repartió culpas a uno y otro bando, no porque eso sea políticamente correcto, sino, porque así sucedieron los hechos.

Los sucesos de Sacaba y Senkata fueron calificados de masacres y, según el reporte, las fuerzas del orden, en aquellos dos escenarios, cometieron ejecuciones sumarias contra los manifestantes. Esta responsabilidad, sin duda, recae sobre el gobierno de Jeanine Añez que, en vez de ser juzgada por un golpe inexistente, debería ser sometida a un juicio de responsabilidades por aquellos sucesos.

Se podría decir que  el resultado de la pesquisa sobre esos dos eventos violentos era previsible para el MAS y para la oposición. Sin embargo, ninguno de ellos esperaba que el informe indagara sobre las causas estructurales de la violencia y que mirara también la gestión de Evo Morales.

El documento deja establecido que el expresidente Morales se prorrogó en su mandato, que sólo debía ser de dos períodos. Hizo posible el tercero argumentando que el Estado acababa de ser refundado y que el primer período no contaba, y para optar por el cuarto, desconoció el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, en el que la mayoría de los bolivianos le  dijo No a una nueva reelección. El GIEI menciona estos dos antecedentes para entender dónde está el origen de la crisis boliviana.

Luego, el informe va dando a conocer los resultados de la investigación, según el lugar donde ocurrieron los actos violentos;  varios de ellos sucedieron durante el gobierno de Morales, como las muertes de Montero, los sucesos de Vila Vila, los ataques de Playa Verde y otros más.

Otros ocurrieron durante los días en que se produjo el vacío de poder, debido a las renuncias de Evo Morales y los demás integrantes de la cadena de mando, aspectos que también son señalados con claridad por el informe. En esta categoría ingresan los ataques registrados en La Paz contra los buses PumaKatari, las casas de Waldo Albarracín y de Casimira Lema.

Y, finalmente, desemboca en las masacres de Sacaba y Senkata, que ocurrieron durante el gobierno de Añez.

Por tanto, la responsabilidad recae en Morales porque gobernó hasta el 10 de noviembre y en Añez que asumió el poder desde el 12 de noviembre.

“En el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia (…) Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares”, se lee en el informe.

Queda claro que los agentes estatales son policías y militares que hicieron uso de la fuerza y los particulares son personas, en muchos casos, que respondían al gobierno de Morales, como ocurrió en Montero, donde se armó un grupo “en calidad de guerrilla”.

El reporte revela también que durante aquellos aciagos días se cometieron delitos sexuales y de género. Varias mujeres fueron obligadas a desnudarse, fueron amenazadas de ser violadas y fueron manoseadas en diferentes contextos, entre ellos, El Alto, La Paz, Cochabamba y Vila Vila, donde las víctimas eran del bloque opositor.

Lo que corresponde ahora es buscar justicia para las víctimas, pero está claro que, con unos operadores tan obedientes al poder de Evo Morales, eso no podrá ser posible. El MAS ya ha anunciado que impulsará el juicio de responsabilidades en contra de Añez, pero debería juzgar también a Evo Morales.

Lo que no hace el informe es dar cuerda al golpe inventado por el MAS ni al fraude descubierto por la OEA. De hecho, señala que no entrará en esa polémica y tal vez ésa sea la mayor decepción del MAS. La investigación terminó siendo un golpe a la retórica del golpe.