El magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Petronilo Flores fue denunciado ayer ante el Comité de Ministerio Público de Diputados por violencia de género, violencia psicológica, extorsión, acoso laboral y encubrimiento a un supuesto acosador sexual. Es la segunda denuncia que pesa en contra de esta autoridad, que no responde a los requerimientos de la prensa.

La denuncia fue concretada por el presidente del Instituto de Derechos Humanos y Políticas de Desarrollo, Cristian Sanabria, quien dijo en La Paz que presentó una ampliación de denuncia en contra de Flores por los delitos de violencia psicológica, patrimonial y económica, violencia laboral, así como beneficios en razón del cargo y concusión.

Sanabria recordó que en la Asamblea Legislativa ya se tramita una denuncia contra este magistrado por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por no tramitar una denuncia de acoso sexual contra una funcionaria del TCP.

“En este contexto, varios exfuncionarios que dependían de Petronilo Flores presentaron denuncias ante el Instituto de Derechos Humanos de Chuquisaca alegando haber sido víctimas de extorsión porque cada mes se hacía un cobro obligatorio, según escala salarial, del 10% y hasta el 15% en algunos casos, con amenazas de despido”, señala parte de la denuncia.

“Según las denuncias, este aporte tenía el nombre de ‘fondo para actividades del despacho’, y eran registrados en un cuaderno con nombre y apellido, la responsable asignada como cobradora era la funcionaria P. G.”, agrega.

En otra parte de la declaración de una exfuncionaria, se dice textualmente: “tras entregar un informe solicitado por Petronilo Flores, sin siquiera leer el contenido, agarró y me lo tiró en la cara indicando que mi trabajo no vale nada y que un niño de kínder podía hacerlo mejor que yo. En ese momento me sentí humillada, frustrada e impotente, me puse a llorar desconsolada por las groserías que escuchaba, palabras irreproducibles; sin embargo, a Petronilo no parecía incomodarle mi llanto, más al contrario disfrutaba verme en esas condiciones; no podía hacer nada, era mi jefe y tenía que aguantar (…)”.

Las presuntas víctimas denunciaron también que fueron obligadas a comprar un libro de Flores a un costo de Bs 1.816.

Según Sanabria, todas estas denuncias eran de conocimiento de los demás magistrados que, según sus palabras, prefirieron mantener silencio para no “romper las buenas relaciones”.