El régimen del MAS ha establecido un nuevo inicio de la historia de Bolivia. Se trata del 16 de noviembre de 2019, fecha en la que la ex presidenta Jeanine Añez aprobó el decreto 4078 que eximía a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad penal en el restablecimiento del orden. 

Se trata del momento en el que el cocalero Morales intentaba incendiar al país, cuando había terroristas por todos lados, provocando incendios y destrozos y los militares titubeaban, pues aparentemente una parte de ellos formaba parte del plan del ex presidente, para provocar un desastre de grandes proporciones que obligue a su retorno como gran pacificador.

El historiador designado para contar los hechos es nada menos que el fiscal general Juan Lanchipa, quien ha anunciado la creación de una gran comisión de fiscales que se encargarán de instrumentalizar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para desatar un nuevo capítulo de la persecución política que viene ejecutando el MAS desde 2006 y que Luis Arce ha seguido a pie juntillas, pese a su promesa de propiciar la reconciliación de los bolivianos.

Nada de lo que haya ocurrido antes de la fecha mencionada existe para el régimen. Pese a que el GIEI ha concluído que los abusos, la violación a los derechos humanos, las masacres, la violencia y la muerte empezaron mucho antes, es decir, cuando el cocalero preparaba el fraude de octubre de 2020, el gobierno de Luis Arce y su pleyade de matones de la democracia, están decididos a desatar una nueva cacería y obviamente no tendrán reparos en manipular las leyes, torcer los hechos, usar lo que les conviene e ignorar lo que no concuerda con sus intereses.

El relato ya empezó, no sólo con el anuncio de Lanchipa, sino con las arengas que ha lanzado Luis Arce, quien considera que las conclusiones del GIEI también sirven para demostrar que hubo un golpe de estado. Todo sirve para seguir creando confusión, para apuntalar el objetivo de construir la dictadura que anhela el cocalero. De hecho, ya tienen un largo camino recorrido, con el cierre del caso fraude, con el sobreseimiento de los culpables de los delitos ordenados por Evo Morales y con el encarcelamiento de ex autoridades a las que no les han probado absolutamente nada.

El GIEI ha pedido expresamente que no se use su informe para la persecución y que no se debe hacer nada, mientras no existan las garantías que debe brindar un poder judicial limpio e independiente. Pero ellos le meterán nomás con lo que hay, con el engendro de justicia que han parido, con los sicarios que han soltado a las calles para hacer y deshacer de la democracia, con toda la intención de generar más confrontación y caos y con el objetivo concreto de “talibanizar” el país, imponerse a como dé lugar y dejar a Bolivia en la ruina, pues se trata de la única manera en la que pueden enseñorearse para siempre.

El GIEI ha pedido expresamente que no se use su informe para la persecución y que no se debe hacer nada, mientras no existan las garantías que debe brindar un poder judicial limpio e independiente. Pero ellos le meterán nomás con lo que hay, con el engendro de justicia que han parido, con los sicarios que han soltado a las calles para hacer y deshacer de la democracia, con toda la intención de generar más confrontación y caos y con el objetivo concreto de “talibanizar” el país, imponerse a como dé lugar y dejar a Bolivia en la ruina, pues se trata de la única manera en la que pueden enseñorearse para siempre.