Comenzó el segundo semestre del año, hecho que debe ser buena noticia para muchos y mala para otros, ante el hecho de que restan 18 meses para que el Presidente del Estado pueda salir por la puerta ancha del palacio presidencial (sea de la vieja casona o del nuevo rascacielos), si quisiera dejar un legado fundamental en la aún corta historia democrática del país.

Para ello, el mandatario deberá recuperar su instinto político y escuchar más voces que las de sus áulicos. Estos son personajes que también gustan del poder, no lo quieren abandonar de ninguna manera y saben que sólo pueden mantenerlo si el Presidente se prorroga en el cargo, así sea violando la Constitución Política del Estado (CPE) y el sentido común. En definitiva, saboreadas las mieles del poder, poco les importa el tema de la trascendencia histórica y ni un ápice los intereses nacionales.

Además de escuchar nuevas voces, le ayudaría al Presidente a adoptar buenas decisiones analizar el final que están viviendo sus colegas ideológicos en la región que optaron por mantenerse en el ejercicio del gobierno del Estado a como dé lugar. Todos, embadurnados de corrupción, cargando en sus conciencias (si éstas no se han adormecido totalmente) el asesinato de gente que, incluso, probablemente alguna vez los apoyó, y deslegitimando, por su ambición personal y el interés de sus allegados, el proyecto político de cambio que los catapultó al gobierno.

 Peor aún, por su afán de mantenerse al margen de la ley y la razón en el ejercicio del poder han creado condiciones para que renazcan los sentimientos más atávicos y reaccionarios en varios espacios de la sociedad.

Es posible sostener –aunque hay mucha polémica al respecto - que en el país aún hay tiempo para evitar esos extremos. Revisando encuestas y estados de ánimo, el Presidente del Estado cuenta aún con un importante aval ciudadano, que se va reduciendo a medida que, por un lado, él y sus voceros se empeñan en desconocer la CPE y los resultados del referendo constitucional de febrero de 2016 que prohíben que vuelva a candidatear en 2019, al amenazar con su nueva repostulación.  Por el otro lado, porque desde esa fecha, y teniendo como único objetivo su habilitación, los errores en la administración estatal llegan a niveles intolerables, la corrupción se ha generalizado, se consolida el reino de la impunidad, y hay un uso cada vez más brutal de la violencia física, judicial y psicológica para amedrentar a la sociedad.

El Primer Mandatario, en consecuencia, se encuentra ante la disyuntiva de dejar al país un legado histórico si ratifica (pues alguna vez lo prometió) su respeto a la CPE y el referendo constitucional y decide no caer en la tentación de ir a una nueva e inconstitucional repostulación, o de caer en ella y mandar al traste todo lo hecho en estos 12 años, enfrentándose a la eventualidad de no salir por la puerta grande del Palacio de Gobierno.

Por tanto, al comenzar el segundo semestre de este 2018 moros y cristianos tenemos en la mira enero de 2020, cuando constitucionalmente deben cambiar los inquilinos del poder. Si se lo hace, el país habrá dado un paso más en la consolidación del sistema democrático, al que la ciudadanía ha adherido desde 1982. En cambio, si se mantienen los mismos moradores, se estaría conduciendo a Bolivia hacia la confrontación, el autoritarismo y la debacle democrática.

Una reiteración final: si los actuales gobernantes optaran por respetar la CPE y al referendo de 2016, podrían dedicar sus esfuerzos a administrar mejor el Estado, que hoy anda a la deriva, en circunstancias en que ya se sienten los efectos del fin del tiempo de las vacas gordas.

Juan Cristóbal Soruco Q. es periodista