El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) revela que las mujeres durante la crisis de 2019 fueron víctimas de violencia sexual con tocamientos impúdicos, humillación y amenazas de violación por parte de la Policía y civiles; por lo que insta a la Fiscalía a iniciar una investigaciones de oficio.        

“En la EPI 3 sufrió manoseos de carácter sexual por parte de agentes de policías mujeres y varones. Además, recibió insultos con contenido de género, los cuales hacían referencia a los estereotipos basados en los roles impuestos históricamente a las mujeres, tales como ‘váyanse a cocinar’, ‘por qué no están haciendo limpieza’, ‘eso les pasa por no estar en sus casas’, entre otros”, indica el informe respecto a un a mujer embarazada de un mes que además fue golpeada por la Policía en El Alto.    

En el mismo espacio, otra mujer entrevistada relató que fue obligada a desnudarse y sufrió manoseos de carácter sexual por un grupo de cerca de diez policías, al momento de su detención en la EPI 3.

Otro testimonio de una mujer agredida indica que cuando iba de regreso a su casa, un grupo de hombres la agarró y puso contra la pared exigiéndole que dejara de organizar a la gente. “Me empezaron a ahorcar, después me soltaron un poco y traté de correr, pero me agarró otro tipo quien me golpeó contra la pared. Luego me manoseó entera, me dijo que me iba a hacer mil cosas más. Me lo repitió mil veces, que yo vivía sola y nadie me iba a proteger. Cuando no respondí, imagino se aburrieron, el otro me dio un puñetazo en las costillas, un par de patadas”, contó.

En Vila Vila, el GIEI también advirtió que al menos dos mujeres que intentaron escapar de los buses atrapados, fueron víctimas de violencia sexual, una de ellas era menor de edad. En los documentos de la Fiscalía no constan estas agresiones, advierte el Grupo.

Asimismo, el informe señala a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) como un grupo que realizó amenazas de violación sexual, gritos violentos con contenido sexual y que incluso fue agredida por otra mujer en Cochabamba.  Otro hecho identificado en el departamento fue la retención y agresiones que sufrió la ex alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán, el 6 de noviembre de 2019.

“El GIEI observa que ninguna de las mujeres víctimas de violencia sexual fueron examinadas por un médico forense luego de su detención”, denuncia el informe.  Agrega, “los responsables por esas conductas deben ser investigados, procesados y sancionados”, por lo que insta a garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y la pronta investigación de estos hechos para dar con los autores.

En 2013, en Bolivia se promulgó la Ley 348  Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en ella se establece 16 tipos de violencia hacia las mujeres y declara prioridad del Estado “la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”. Bolivia es el segundo país de América Latina con más altos índices de violencia sexual.