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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: miércoles 18 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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El líder de
Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió al presidente Luis Arce no hacer
una lectura “sesgada” del informe final del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de 2019 y demandó al Ejecutivo
tener una “voluntad política para cambiar a los operadores" de
justicia.
El también
expresidente cuestionó que el mandatario boliviano haya tomado lo que le
interesaba del documento y se haya “olvidado” de las reflexiones y criticas que
hizo el organismo sobre las cosas que se hicieron mal mientras Evo Morales se
encontraba en el poder.
“Yo lo exhortó al
presidente (Luis) Arce a que no haga una lectura sesgada y que, igual que él
pide al poder Legislativo, que lleve adelante la iniciativa en juicio
responsabilidades; yo le pido al poder Ejecutivo la voluntad política de
cambiar los operadores judiciales, los operadores del sistema de justicia y del
Ministerio Público”, afirmó.
Esa sería la
condición previa para la realización y procesamiento de juicios de
responsabilidades que, no solamente sería en contra de la expresidenta Jeanine
Áñez sino que también debería estar incluido Morales, añadió.
Los cambios en la
administración de justicia deberían ser en el tiempo “más corto posible”,
consideró Mesa, debido a que el país requiere una investigación adecuada por la
violación de los derechos humanos que se produjo en 2019, según estableció el
GIEI.
“Eso tiene que
partir de la decisión de establecer un mecanismo de selección adecuada y
correcta de operadores de justicia, nuevos, que sean creíbles, independientes y
que sean idóneos entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo”, sostuvo.
Uno de los que
consideró como “operador político” del gobierno de Arce es el fiscal general
del Estado, Juan Lanchipa, que, a decir de Mesa, debe renunciar.
Con la justicia
actual no es posible continuar la investigación por el denominado caso “golpe
de Estado”, y por ello, sugirió que debe ser anulado y comenzar de cero con
otros administradores, aunque aclaró que no “no debería comenzar en ninguna
circunstancia”.



