En la consulta popular se impuso la opción “No” con el 51,3% de los votos válidos que negó a Morales la posibilidad de una tercera reelección continua. 

Sin embargo, “pese a que con anterioridad a la convocatoria del referendo, Morales había señalado que en caso de perderlo aceptaría los resultados, inmediatamente después de conocidos éstos, en septiembre de 2017, senadores y diputados del partido de Gobierno presentaron una acción de inconstitucionalidad abstracta contra preceptos de la ley del régimen electoral, argumentando que el impedimento que contenían de no autorizar más que una reelección continua para todas las autoridades elegidas democráticamente limitaba indebidamente los derechos políticos”.

El 28 de noviembre del mismo año, apenas dos meses después de presentada la acción, el Tribunal emitió la Sentencia Constitucional 0084/2017, por la cual se declaró procedente la demanda interpuesta para posibilitar la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular.

En sus fundamentos, el Tribunal Constitucional recurrió a la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), señalando que, bajo la aplicación del control de convencionalidad, el derecho a participar en las elecciones, en tanto “es un derecho humano protegido por la Convención”, debe prevalecer por sobre las normas del derecho interno.

La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su opinión consultiva, determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y va en contra de la democracia participativa.

El informe del GIEI evidencia que “la decisión del Tribunal Constitucional generó intensas reacciones sociales y políticas”. Expresidentes como Carlos Mesa y Jorge Quiroga, así como el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas “criticaron el fallo del Tribunal y el desconocimiento de los resultados del referendo constitucional”.

Además, en los siguientes meses, agrega en el informe, “diversos movimientos sociales promovieron marchas para expresar su oposición a la reelección indefinida y llamar al respeto de los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero”.

El 5 de diciembre de 2018, conforme a lo dictado por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), en respuesta a la impugnación presentada contra la candidatura de Evo Morales, emitió un fallo habilitando su repostulación a la presidencia para un cuarto mandato sucesivo (periodo 2019-2024). En respuesta, la oposición convocó a diversas protestas y a una huelga general para el 7 de diciembre, bajo el lema “Bolivia dijo No”. 

El GIEI pone en evidencia que las manifestaciones de oposición a la reelección “fueron desestimadas por el Gobierno en varias ocasiones”.

Recuerda que en un discurso en la zona cocalera del Chapare, en Cochabamba, el entonces presidente Morales afirmó que se trataba de “manifestantes que no sabían realizar marchas”, e incluso “se ofreció a enseñarles cómo se organizan ese tipo de movilizaciones de presión social”. 

Asimismo, Morales tildó a las agrupaciones ciudadanas como “alfombras de la derecha” y subrayó que “el TSE solo debía hacer cumplir de forma administrativa un fallo emitido el año anterior por el Tribunal Constitucional”.