El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo hoy que autoridades de la gestiones transitoria hicieron desaparecer información sobre la vulneración a derechos humanos en 2019. Agregó que estas evidencias no pudieron ser recobradas ni con la “recuperación de la democracia”.

“Con el actual Gobierno y una vez recuperada la democracia, las actuales autoridades también tuvieron esa dificultad, en brindar las información. (…) Las exautoridades de Gobierno, Policía, Fuerzas Armadas se encargaba de destruir toda esa información que servía para el proceso de investigación”, afirmó.

Mientras duró la gestión transitoria, Lanchipa jamás se refirió a esa administración como a un gobierno no democrático.

El titular del Ministerio Público tuvo hoy una reunión con los miembros del GIEI, quienes le entregaron el informe de los hechos de violencia suscitados en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, circunstancia que aprovechó para explicarles por qué las investigaciones iniciadas no prosperaron.

Entre los factores que señaló también está la pandemia y al presunto acoso a las víctimas por funcionarios del Ministerio de Gobierno del gobierno de Añez, hecho al que no se refirió sino hasta ahora.

 “El tema de la pandemia dio lugar a que Órgano Judicial haya dispuesto la suspensión y paralización de las acciones judiciales. (…) Hubo reticencia de las víctimas a brindar la cooperación y esto porque ellos eran acosados, eran víctimas, eran presionados por el Ministerio de Gobierno, a brindar cualquier tipo de informados, esa reticencia ha sido superada cuando llega el actual gobierno”, enfatizó.

Ayer se conoció el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de 2019, que entre sus observaciones destaca la falta de independencia judicial, la instrumentalización del sistema de justicia con fines de persecución política, el uso abusivo de la detención preventiva.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que dio a conocer hace unas horas su informe sobre los hechos de violencia septiembre, octubre y noviembre de 2019, efectúo recomendaciones de fortalecimiento institucional para “garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso, y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales”.