El Ministerio Público incurrió en una serie de atropellos y deficiencias con vulneración de las garantías judiciales y del derecho a la protección judicial, en el marco de la persecución penal sobre diferentes hechos de violencia registrados entre octubre y noviembre de 2019, dejando en la impunidad varios casos, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

A continuación, algunas de las observaciones de la instancia internacional:

1 No se recabó declaración a víctimas

El GIEI identificó varios casos donde muchas personas fueron procesadas por participar en hechos de violencia en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz en 2019, sin embargo, éstos también resultaron heridos en esos conflictos y “la Fiscalía no les tomó declaración” ni investigó las agresiones que sufrieron ellos.

Entre estas personas se menciona a Jorge Vaca Mendoza, José Luis Ramos Maldonado y David Alba Hurtado, vinculados en los hechos de violencia en Montero, Santa Cruz; Florentino Nina García, Emeterio Mamani, Osmar Mencia Rocha y Dennis Aguirre Miranda, quienes fueron investigados por los incidentes violentos en el Puente Huayculi, Cochabamba; Crescencio Valencia Rodríguez, Félix Mario Galarza Ala y Juan Escalera Vargas, quienes fueron torturados, a pesar de ello, “la Fiscalía no ordenó la investigación de las circunstancias en que habrían sido lesionados”, refiere el informe.

2 Deficiencias en protocolos de autopsias

Tanto en los casos registrados en Santa Cruz y Cochabamba, el GIEI observó al Ministerio Público por la no realización de autopsias diligentes a los cuerpos de los fallecidos en 2019, debido a que no se siguen protocolos, los documentos contienen información insuficiente, en el informe no refiere detalle de los hechos, no se advierte de la falta de medios, entre otros.

“Estas irregularidades implicaron una negligencia trascendental para el desarrollo de las investigaciones, ya que impidieron recabar elementos científicos relevantes para establecer una base fáctica suficiente que permitiera desarrollar líneas de investigación claras”, refiere en una parte del informe de la instancia internacional.

3 Rechazos de denuncias

En otra de las observaciones, el GIEI señaló que la Fiscalía procedió a cerrar varios casos con el rechazo de denuncias, sin haber agotado los actuados investigativos a fin de esclarecer las muertes registradas durante operativos conjuntos de policías y militares en 2019.

Entre estos casos están: la muerte de Roberth Ariel Calizaya Soto, ocurrida el 13 de noviembre de 2019 en la ciudad de Montero, Santa Cruz, la Fiscalía dictó de oficio una resolución de rechazo de la denuncia alegando que se encontraban vencidos los plazos procesales y que no se había logrado identificar a los presuntos autores; la muerte por impacto de bala de Marcelino Jarata Estrada, ocurrida en la vía de Betanzos, Potosí, el caso fue cerrado señalando que no existía información sobre la identidad de los posibles autores, pero después fue reabierto en octubre de 2020 y continua en fase investigativa; la muerte por impacto de múltiples proyectiles de Miguel Ledezma González en el Puente Huayllani, en Sacaba (Cochabamba), el 11 de noviembre de 2019, también fue rechazada indicando que no se contaba con elementos de convicción para identificar al autor de estos hechos.

El GIEI también observó que algunos procesos fueron archivados a pesar de contar con escasos avances, por ejemplo, el caso de la muerte de Juan José Mamani Larico, quien falleció el 12 de noviembre de 2019, luego de ser detenido en Cochabamba.

Con relación a los hechos de violencia contra los integrantes de la Caravana del sur en Vila Vila y en Caracollo el 9 de noviembre de 2019. El examinó seis investigaciones de la Fiscalía que guardan relación con los hechos de violencia, pero todos estos casos han concluido con resoluciones de rechazo o de sobreseimiento. La instancia internacional advirtió que hay “hechos de violencia que no han sido debidamente investigados, a pesar de existir pruebas al respecto”.

4 Responsabilizó a víctimas por falta de pruebas

En varias investigaciones, el Ministerio Público responsabilizó a las víctimas o a sus familiares por la falta de investigación y porque no habrían aportado con pruebas. El GIEI señaló que estas acciones son incompatibles con las obligaciones que tiene la Fiscalía, además fomenta la revictimización, “pues impone a la víctima el deber de investigar el crimen que ella misma ha sufrido”.

5 Retardación de justicia

La muerte de Filemón Salinas Rivera, de 15 años, en Yapacaní, el 13 de noviembre de 2019, aún no se ha esclarecido las circunstancias que rodearon su muerte y no se ha identificado a los responsables. Como este caso, son varios los procesos en los que no se ha identificado a autores de provocar muertes o causar heridas a diferentes personas.

El GIEI también observó la necesidad de avanzar con una investigación exhaustiva en el caso de las bombas molotov en La Paz. Señaló que en este caso, al igual que otros hechos en diferentes regiones, se evidenció que “diversas audiencias destinadas a la revisión de detenciones preventivas fueron reiteradamente aplazadas debido a aspectos formales o a la ausencia de alguna de las partes”.

Advirtió que estos retrasos se han vuelto habituales y provocan una grave vulneración del derecho de la persona detenida a tener conocimiento de su situación jurídica de privación de libertad.

El informe también mencionó que  existe demora en el esclarecimiento de  casos que tienen que ver con quemas de buses PumaKatari, viviendas privadas y destrucción de módulos policiales en el departamento de La Paz.

6 Otros hechos  en la impunidad

El GIEI no encontró constancia de que la Fiscalía haya realizado gestiones para identificar a otras personas que resultaron heridas durante los hechos de violencia en el Puente de la Amistad y Barrio Cofadena, Montero, en 2019. Tampoco hay evidencias de que la Fiscalía haya investigado las heridas de bala y otras lesiones que sufrieron diversas personas durante los enfrentamientos en Yapacaní, entre el 10 y 13 de noviembre de 2019.

Además, el GIEI mencionó otros hechos de violencia ocurridos en diferentes localidades del departamento de Santa Cruz entre el 23 y 31 octubre de 2019, como en el Plan 3000, Cotoca, El Torno y Mairana. Se desconoce si la Fiscalía se encuentra investigando estos casos.

El GIEI hizo varias recomendaciones, entre éstas, investigar diversos incidentes donde personas resultaron lesionadas entre octubre y noviembre de 2019, pero  los casos no fueron denunciados; también pidió reabrir los casos que fueron cerrados sin  una investigación adecuada.

 “El respeto de las garantías del debido proceso de las personas procesadas es fundamental para generar confianza”.