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Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: miércoles 18 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Durante la entrega
del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI-Bolivia) este miércoles en el Distrito 8, zona Senkata de la ciudad de El
Alto, se ratificó que no existió intención de generar una explosión en la
planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ubicada en ese
sector, en los conflictos de 2019.
“El GIEI tuvo la
oportunidad de evaluar objetivamente argumentos en los que se señalaba a la
población alteña con una intención de generar afectaciones a la planta YPFB de
Senkata, no obstante, a partir de investigaciones objetivas, acudiendo a la
planta, analizando expedientes investigativos y mediante estudios técnicos del
equipo de antropología forense, nos es posible afirmar taxativamente que no
existía un riesgo de generar una explosión en la planta de Senkata”, sostuvo el
experto Juan Méndez, citando el informe del GIEI.
Previo a la
ejecución del operativo policial-militar en Senkata, el 19 noviembre de 2019,
la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez y sus ministros de Gobierno,
Arturo Murillo y de Defensa, Luis Fernando López, acusaron a la población
movilizada de intentar hacer explotar esta infraestructura.
“Hemos recibido
agresiones físicas a instalaciones estratégicas nacionales, como son ductos
estropeados y amenaza de agresiones explosivas que destruirán totalmente
plantas estratégicas de hidrocarburos como la de Senkata”, decía Áñez en
conferencia de prensa junto al Alto Mando, el 15 de noviembre de 2019, para
justificar la intervención en la que perdieron la vida 11 personas y dejó
decenas de heridos.
El informe del GIEI
establece además que, durante el operativo del 19 de noviembre de 2019, en
Senkata, hubo un uso desproporcionado de la fuerza y de armamento letal.
“En noviembre de
2019, las Fuerzas Armadas y la Policía ejecutaron un operativo conjunto con uso
desproporcionado de la fuerza, lo que derivó en 11 personas fallecidas.
Asimismo, el GIEI puedo verificar, a raíz de las autopsias, que el calibre
empleado y de los casquillos encontrados en el lugar y en los cuerpos de las
víctimas, es compatible con armas de uso exclusivo del Ejército”, detalla el
informe.



