Medio: El Diario
Fecha de la publicación: jueves 19 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
El diputado por la
agrupación Creemos, Erwin Bazán, manifestó que el fiscal general del Estado,
Juan Lanchipa, es la punta del cáncer judicial que afecta al país, por lo que
desde la oposición se pide al Gobierno cumplir con las recomendaciones del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) donde se cuestiona
la falta de independencia de la justicia boliviana y se sugieren reformas.
Bazán señaló que la
actual cabeza de la Fiscalía General del Estado es comparable a un cáncer que
afecta la salud de la justicia boliviana, por lo que es necesario exigir su
renuncia.
Adelantó que en caso
de que la autoridad judicial no deja el cargo por voluntad propia, es necesario
considerar el inicio de procesos desde la Asamblea Legislativa.
“Es él en este
momento, la punta del cáncer judicial que tenemos en el país, por tanto, tienen
que suceder dos cosas con el fiscal Lanchipa, primero que renuncie al cargo, y
segundo, si no
Para el diputado Alberto
Astorga, de Comunidad Ciudadana, la continuidad del actual fiscal general se
constituye en un obstáculo para las futuras investigaciones señaladas por el
informe del GIEI acerca de la reparación de los daños provocados por la
violación a los derechos humanos en 2019.
“Que se reforme la
justicia, hemos escuchado a Lanchipa hablar de manera muy sinvergüenza y decir
que él va ver la investigación. Acá no tiene que ver ya nada, él está
obstaculizando todos los procesos judiciales, la GIEI ha sido muy clara,
necesitamos nuevos jueces y nuevos fiscales, entonces el señor Lanchipa se
constituye en un obstáculo para que existan investigaciones transparentes”
dijo.
Entre las
conclusiones del informe de la GIEI sobre los hechos de violencia y violaciones
a los derechos humanos suscitados tras las elecciones anuladas de 2019, se hace
referencia a los serios problemas en las funciones del Poder Judicial y el
Ministerio Publico a causa de la injerencia política.
“El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó la existencia de
serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la
independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además
de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la
debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones” señala el documento.



