El diputado por la agrupación Creemos, Erwin Bazán, manifestó que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, es la punta del cáncer judicial que afecta al país, por lo que desde la oposición se pide al Gobierno cumplir con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) donde se cuestiona la falta de independencia de la justicia boliviana y se sugieren reformas.

Bazán señaló que la actual cabeza de la Fiscalía General del Estado es comparable a un cáncer que afecta la salud de la justicia boliviana, por lo que es necesario exigir su renuncia.

Adelantó que en caso de que la autoridad judicial no deja el cargo por voluntad propia, es necesario considerar el inicio de procesos desde la Asamblea Legislativa.

“Es él en este momento, la punta del cáncer judicial que tenemos en el país, por tanto, tienen que suceder dos cosas con el fiscal Lanchipa, primero que renuncie al cargo, y segundo, si no

Para el diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana, la continuidad del actual fiscal general se constituye en un obstáculo para las futuras investigaciones señaladas por el informe del GIEI acerca de la reparación de los daños provocados por la violación a los derechos humanos en 2019.

“Que se reforme la justicia, hemos escuchado a Lanchipa hablar de manera muy sinvergüenza y decir que él va ver la investigación. Acá no tiene que ver ya nada, él está obstaculizando todos los procesos judiciales, la GIEI ha sido muy clara, necesitamos nuevos jueces y nuevos fiscales, entonces el señor Lanchipa se constituye en un obstáculo para que existan investigaciones transparentes” dijo.

Entre las conclusiones del informe de la GIEI sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos suscitados tras las elecciones anuladas de 2019, se hace referencia a los serios problemas en las funciones del Poder Judicial y el Ministerio Publico a causa de la injerencia política.

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones” señala el documento.