La noche del 10 de noviembre de 2019 se registraron una serie de ataques a bienes públicos y privados en la zona Sur de La Paz,  protagonizados  por una multitud de personas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala en su informe final que el incendio de 64 buses PumaKatari y la quema de las casas del exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín y de la periodista Casimira Lema fue planificada y coordinada. 

En el documento se relata que a partir de las 19:00  del 10 de noviembre de 2019, un grupo de personas ingresaron al patio de mantenimiento de los PumaKatari en Chasquipampa, donde  destrozaron y quemaron 34 buses,  y que alrededor de las 21:00, otro grupo ingresó a las instalaciones de los PumaKatari en Achumani y prendió fuego a otros 30 vehículos.

Asimismo, el informe  indica que a las 21:30 de ese mismo día se aglomeraron personas en el patio de Villa Salomé, también con el objetivo que quemar los buses, pero que el traslado de los vehículos a otro establecimiento evitó su afectación.

Al respecto, el GIEI indica en su informe: “La coincidencia de horarios y de método en estos incidentes es indicativa de que los actos fueron premeditados, planeados y realizados por una misma organización”. El daño económico por la quema de los 64 buses PumaKatari asciende a  11,7 millones de dólares, según la Alcaldía paceña.

El informe también señala que de acuerdo con los testimonios de Waldo Albarracín, sus familiares y vecinos,  aproximadamente a  las 20:30 del 10 de noviembre de 2019, un grupo de personas se dirigieron a quemar su vivienda en Cota Cota. En este caso,  el GIEI evaluó que los elementos indican que “la quema no fue aleatoria, sino que estaba dirigida a Waldo Albarracín por su actividad como líder político y defensor de derechos humanos”.

“Las coincidencias de fecha, horarios y modalidades de violencia, entre este hecho y otros ataques ocurridos esa misma noche, son indicativas de una planificación previa y de una actuación coordinada entre los responsables, por lo que la Fiscalía debe examinar el contexto común en que se enmarcaron estos distintos hechos de violencia”, se lee en el  informe.

En el caso del incendio de la casa de Casimira Lema, los testimonios al GIEI indican que el ataque a su vivienda se inició aproximadamente a las 22:00. En el informe del grupo de expertos se indica que este hecho tiene señales de haber sido dirigido contra ella por sus labores profesionales,  que tiene un efecto “amedrentador” para otros periodistas, y que busca silenciar voces disidentes.

“El presente caso tiene similitudes con el de la quema de la casa de Waldo Albarracín. Casimira Lema es una personalidad pública, periodista, con programas en la televisión, considerada crítica del MAS. El ataque a su residencia fue premeditado, así como el realizado contra la casa de Albarracín. Ambos viven en la zona Sur y sufrieron esta violencia la misma noche”, señala el documento.

Sobre la quema de los buses PumaKatari,  el alcalde de La Paz, Iván Arias, manifestó: “Como dice el informe del GIEI que se haga justicia, pero con una justicia imparcial (…).  El anterior alcalde (Luis Revilla), como institución, inició un proceso a unos señores que quemaron un bien que les pertenece a todos los ciudadanos, pero ahora todos están libres. Nosotros ya hemos tomado acciones contra aquella determinación hace un mes. Esperamos ser escuchados”.

El 15 de julio, la Fiscalía dispuso el sobreseimiento de los acusados por la quema de los PumaKatari;  entonces,  el director de Asunto Jurídicos de la Alcaldía paceña, José Antonio Gonzales, anunció una apelación.

 Respecto al caso de Albarracín, su hijo Franco expresó: “Estamos con aires positivos, con esperanza por el informe del GIEI, pero estamos preocupados, porque en realidad quien debe permitir el cumplimiento de la reparación de todas las víctimas de vulneración de derechos humanos, es el Órgano Judicial y el Ministerio Público, y el propio grupo de expertos ha señalado la falta de su independencia. Vamos a insistir a que continúen las investigaciones”.

“El GIEI evalúa que la Fiscalía no ha agotado la etapa de búsqueda de evidencias para resolver la autoría del delito”.

Informe GIEI

“Esperamos que con la información del GIEI el Ministerio Público pueda retomar la investigación y empezar las diligencias”.  

Franco Albarracín