Un documento de confidencialidad y el detalle de denunciados por la exalcaldesa de Vinto Patricia Arce fueron incluidos en las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El GIEI presentó este 17 de agosto el Informe sobre los Hechos de Violencia y Vulneración de los Derechos Humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

El informe incluye entre sus contenidos “Agresión a Patricia Arce”, la exalcaldesa de Vinto.

Las imágenes de la autoridad, quien en la actualidad es senadora por Cochabamba del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por las Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), se hicieron virales durante los días de conflicto postelectoral.

El relato se expone desde que ella había solicitado resguardo policial después de las elecciones. Describe que integrantes de la “resistencia” habían lanzado piedras en contra la Alcaldía.

“El 6 de noviembre recibió la llamada telefónica de su hijo que le comunicó que en redes sociales la acusaban de ser responsable de una muerte que se había producido en los enfrentamientos en el Puente Huayculi. La alcaldesa se comunicó con el encargado de seguridad ciudadana, quien le informó que de los 15 funcionarios policiales que esa mañana custodiaban la Alcaldía, solo dos se encontraban en funciones”.

A partir de ahí se recuerda el ataque de unas 300 personas a la Alcaldía con piedras y otros objetos; el ingreso al edificio municipal, robo de computadoras e incendio.

Al salir de la Alcaldía, Arce fue interceptada. Le acusaban de haber enviado a mineros para “matar” gente. Entre los forcejeos, perdió sus zapatos. Camino descalza hasta Quillacollo. Manifestó que “la policía estaba ahí” y que las agresiones siguieron; le cortaron el cabello, le echaron pintura roja, le golpearon.

De acuerdo con el documento, la agresión duró alrededor de tres horas. Luego, le sacaron del lugar, la subieron a una moto de la policía y la llevaron a la FELCC de Quillacollo.

El GIEI recogió la versión de Arce y de autoridades policiales. Estas últimas narraron dificultades que tuvieron para resguardar a la exautoridad.

 “Sin embargo, el GIEI tuvo acceso a un video donde se observa que, mientras la alcaldesa era agredida, varios policías miran la escena y no reaccionan”, describe el documento.

En el caso por las agresiones a Arce, el GIEI observa que la investigación se inició de oficio. Sin embargo, el 12 de marzo de 2020, la Fiscalía emitió resolución de rechazo de la denuncia realizada por Arce en contra de 14 personas. El 26 de marzo del mismo año presentó imputación formal con recalificación de tipos penales en contra de cuatro personas por delitos que incluyen violencia política contra la mujer, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves y privación de libertad además de instigación pública a delinquir.

El Tribunal fijó audiencia para el 19 de febrero de 2021; pero, fue postergada. El 21 de febrero, la Fiscalía emitió la acusación formal en contra de los cuatro imputados y los antecedentes se remitieron al Juzgado de Sentencia de Quillacollo, “donde actualmente se encuentra en proceso de notificación”.

El 29 enero de 2020, integrantes del Concejo Municipal de Vinto interpusieron una denuncia ante el Ministerio de Transparencia refiriendo un “autoatentado provocado y premeditado”, sosteniendo que la alcaldesa había planeado su propia agresión con sus colaboradores más cercanos.

La Fiscalía Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas inició una investigación contra Arce por uso indebido de bienes y servicios públicos, sedición y autolesión. La Fiscalía dispuso investigación y citación de la denunciada, quien se presentó voluntariamente y se abstuvo de declarar.

Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Arce el 25 de diciembre de 2019, para que el Estado de Bolivia adoptara las medidas necesarias para proteger sus derechos y los de sus hijos. Además, la CIDH decretó que el Estado debía concertar las medidas con la beneficiaria y sus representantes e informar sobre las acciones adoptadas en la investigación de los hechos que dieron origen a la medida cautelar y así evitar su repetición.

El documento expone: “El GIEI tuvo conocimiento de que Patricia Arce firmó un acuerdo de confidencialidad con el gobierno, por lo que no se logró establecer cuáles fueron las medidas adoptadas”.