En la visita que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia realizaron ayer en el templo San Francisco de Asís, en Senkata, refutaron la versión dada por el exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien había dicho que hubo amenazas de explosión por parte de grupos civiles en la planta de YPFB.

“A partir de investigaciones objetivas, acudiendo a la planta, analizando expedientes investigativos y mediante estudios técnicos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), nos es posible afirmar que no existía un riesgo de generar una explosión en la planta de Senkata. En el contexto de protestas en El Alto y la respuesta por parte del Estado, efectuando operativos de represión, más de 70 personas resultaron heridas”, indicó Juan Méndez, parte del equipo especialista en derechos humanos.

Las aseveraciones, que figuran en el trabajo extenso del GIEI, se dieron en el templo alteño, donde, por primera vez, los familiares de los caídos en 2019 pudieron dirigir preguntas abiertas al grupo.

Méndez también observó que, durante los conflictos de ese año, presuntamente existió, en algunos casos, “denegación” en la atención y “discriminación” por presuntos colores políticos.

“En algunos casos hubo denegación de atención médica a personas heridas de bala (…) el GIEI recuerda que la atención médica debe ser brindada a todas las personas que la requieran. Discriminación por razón política o cualquier otro motivo es una violación a  los derechos humanos”.

El equipo de expertos también aclaró que no halló elementos suficientes de que hubiera existido “lesa humanidad”, pues “el crimen de lesa humanidad requiere un ataque generalizado contra la población civil con conocimiento del ataque”.