El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desvirtuó ayer cualquier intento de atentado explosivo a la Planta de Senkata en 2019, en la ciudad de El Alto, como mencionó alguna vez la expresidenta de facto Jeanine Añez para justificar el despliegue de tropas militares que perpetraron asesinatos extrajudiciales.

La afirmación fue emitida por Juan Méndez, en la entrega del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a las víctimas de la masacre de 2019, en  la parroquia San Francisco de Asís, de Senkata, cita que fue precedida por una oración y un minuto de silencio en honor a los caídos.

Explicó que el GIEI tomó conocimiento de que la ciudad de El Alto es históricamente conocida como un lugar de protestas y luchas políticas de reivindicaciones sociales bajo la consigna de “El Alto de pie, nunca de rodillas”.

Dijo que los expertos reconocen las movilizaciones y demandas de noviembre de 2019, por lo que en su investigación elaboraron una evaluación objetiva de los momentos “en los que se señalaba a la población alteña con la intención de generar afectaciones a la Planta de Senkata”, lo que motivó que 11 personas pierdan la vida y 78 resultaran heridas. “No obstante, a partir de investigaciones objetivas, acudiendo a la Planta, analizando expedientes investigativos y mediante estudios técnicos del equipo argentino de antropología forense nos es posible afirmar taxativamente que no existía el riesgo de generar una explosión en la Planta de Senkata”, sostuvo.

MENTIRA DE AÑEZ

El 19 noviembre de 2019, la presidenta de facto Jeanine Añez y sus ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, acusaron a la población movilizada de intentar explotar la Planta de Senkata.

“Hemos recibido agresiones físicas a instalaciones estratégicas nacionales, como son ductos estropeados y amenaza de agresiones explosivas que destruirán totalmente plantas estratégicas de hidrocarburos como la de Senkata”, declaró entonces Añez en conferencia de prensa junto al Alto Mando Militar, en su afán de justificar la intervención en la que perdieron la vida 11 personas y decenas fueron heridas.

HERIDOS

Méndez informó que ese grupo de expertos tomó conocimiento de que los heridos por impactos de bala, balines y gases lacrimógenos fueron discriminados en los centros hospitalarios donde se les negó atención médica porque eran simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). “En algunos casos hubo denegación de atención médica a personas heridas de bala, y diversas personas heridas que se encontraban recibiendo atención médica decidieron irse sin el alta correspondiente, huyendo de los hospitales. En algunos casos, las víctimas decidieron no acudir a los hospitales por temor a ser detenidas, lo cual hasta hoy impide conocer el número efectivo de heridos durante los hechos en Senkata”, manifestó.

El GIEI se trasladó hasta la iglesia de Senkata para brindar su informe.

APREHENSIÓN ILEGAL

Méndez dijo que los expertos conocieron que el 11 de noviembre de 2019 había grupos de vecinos de El Alto que ejecutaron aprehensiones ilegales de personas con argumentos discriminatorios, y en algunos casos cometieron hechos violentos contra los detenidos, para después entregarlos a la policía; tres grupos de personas fueron capturados.

“El primer grupo estaba integrado por 28 personas, una mujer y tres menores de edad, de los que uno de los menores era una persona con discapacidad psicosocial. Durante el proceso posterior a la detención las personas fueron víctimas de tortura en la Estación Policial Tres, IPI Tres, de Ciudad Satélite. Las mujeres del grupo fueron víctimas de violencia de género y violencia sexual. Horas después de su detención, las personas de este grupo fueron exhibidas en conferencia de prensa como ‘terroristas’, sin resguardad su privacidad ni su derecho a la presunción de inocencia”, sostuvo.

ILEGALIDAD

En esa línea, el experto dijo que el GIEI evidenció que en los procesos iniciados en contra de las personas detenidas carecen de una individualización de actos, de responsabilidades y son deficientes en la acreditación de un nexo entre el delito y los civiles imputados.

“A pesar de esto, algunas personas permanecieron privadas de su libertad en celdas penitenciarias hasta seis meses, así la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial incumplieron con su deber de promover el debido proceso legal ofreciendo imputaciones y acusaciones sin respaldo probatorio”, sentenció.

Quino: Se debe reparar el daño ocasionado

El analista político Israel Quino explicó que se categorizaron 12 derechos humanos vulnerados, cuyo daño es necesario reparar mediante acciones concretas a mediano y largo plazo.

Efectivos policiales en El Alto.

Sobre lo ocurrido en Senkata, Quino se refiere a las ejecuciones sumarias extrajudiciales y explica que, con el informe del GIEI, se muestra que no hubo tal enfrentamiento ni intercambio bélico. “Por la firmeza del informe del GIEI, se disparó por la espalda de las víctimas en completo estado de indefensión, su único objetivo: quitar la vida de los manifestantes que ejercían su derecho a la protesta”.

Dijo que el Ministerio de Gobierno debe iniciar los sumarios correspondientes, de manera inmediata, para identificar a los uniformados policiales denunciados por los testigos y, bajo el debido proceso, procesarlos con todo el rigor de la ley penal en Bolivia.

“El análisis científico, además, devela actos reprochables del exmando militar y policial al deliberar políticamente, una sugerencia que era más un ultimátum al poder que ejercía el orden constitucional. Por ello debe identificarse tanto a los autores mediatos e inmediatos que detonaron todo con la vigencia del DS 4078”, manifestó el analista mediante sus redes sociales.

Entre otras sugerencias, Quino dijo que el informe de la GIEI es el único documento internacional que hace énfasis en la irregular e inconstitucional toma del poder político en Bolivia por el régimen de transición, describe las acciones que fueron contrarias al mecanismo de sucesión constitucional y que profundizó la crisis, que generó 38 muertes.

Finalmente, a modo de recomendación, dijo que “las fuerzas políticas tienen la obligación moral, con el soberano, de autorizar los juicios de responsabilidades en el país por las masacres. Si no lo hacen, el pueblo los juzgará y la única vía será la Corte Penal Internacional”.

Sacerdote: Es una luz de esperanza

El sacerdote Guechi Revelin, quien ayudó a las víctimas de la masacre de Senkata, El Alto, en noviembre de 2019, durante el régimen de Jeanine Añez, dijo que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es una “luz de esperanza” para lograr justicia y verdad.

El párroco de la iglesia San Francisco de Asís, de la ciudad de El Alto.

El párroco que dirige la iglesia ubicada en el sector 25 de Julio, en la zona de Senkata, decidió abrir las puertas del templo a los caídos en la matanza de 2019, además de convertir a ese recinto en sitio de atención a los heridos, en reposo para los perseguidos y, luego, en una morgue para los fallecidos. “No podía quedarme mirando desde el campanario como un simple espectador o de rodillas ante el Santísimo mientras mi pueblo estaba en graves conflictos. Salí (en noviembre de 2019) agarrando mi bandera blanca y me arrebataron en el camino pensando que era de (Luis Fernando) Camacho y seguí entre los gases y todo el lío. Tomé a los heridos, a los fallecidos, los hicimos llegar a la plaza, no dudé ni dos veces en abrir la iglesia sin autorización, no había ni espacio ni tiempo para esto. Yo he jurado, he decidido esta opción de acompañar a mi pueblo, lo haré hasta el último día de mi vida”, indicó a radio Deseo.

Para el sacerdote, “el informe nos da una luz de esperanza para un camino de justicia, de verdad”. (ABI)