Después de que se conocieran las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia con relación a 2019 y de que el equipo observara el funcionamiento del Órgano Judicial, el Gobierno y la Justicia del país han comenzado a activar, al menos, seis acciones.

Entre ellas destacan las señales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anunció el comienzo de una “profunda reforma”. Por su lado, la Procuraduría General del Estado (PGE) ingresó un recurso para que se agilicen los trámites que apuntan a un proceso de responsabilidades contra Jeanine Áñez.

La mañana de ayer, el titular del TSJ, Ricardo Torres, informó: “Le toca al Órgano trabajar en una profunda reforma judicial acompañada, en forma coordinada, con el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa”. Esta “reforma” incluye investigar a los “operadores de Justicia que actuaron de manera cómplice con hechos irregulares, vulnerando derechos humanos y el debido proceso”, señaló.

Desde el Ministerio de Justicia, también hubo señales. La máxima autoridad de ese despacho, Iván Lima, comunicó que se acogerán a las sugerencias. Se desarrolló ayer la 49° Sesión de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia dentro del Consejo de la Magistratura, en Sucre.

Lima anticipó como una de las primeras medidas que, considerando que el presupuesto anual no es suficiente, “deberán trabajar todos los órganos del Estado para ajustarlo normativamente”. “Si hay que crear más juzgados, lo haremos”, deslizó, como posibilidad, el Ministro. 

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) asegura la elaboración de un “plan de implementación” para la aplicación de las recomendaciones de los expertos en derechos humanos. Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, se citó ayer con miembros del GIEI y justificó que la crisis sanitaria dificultó el avance en la investigación penal.

Dicho plan irá unido con la conformación de una “gran comisión de fiscales”, cuyo propósito consiste en ejecutar las sugerencias de los conocedores independientes. Por otro lado, una de las acciones más rápidas que asumió el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, ha sido acudir ayer a la Fiscalía, con el objetivo de insertar un recurso legal que permita la aceleración del proceso judicial contra la expresidenta Áñez.

Chávez apuntó: “Pidiendo que se aceleren los trámites para este juicio de responsabilidades, que luego deberá sufrir el conducto regular, en el Tribunal Supremo, y luego llegará a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Debe ser aprobado por las fuerzas políticas, sin condiciones”.

Por último, el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, anunció que, el siguiente miércoles, a las 10:00, se realizará un consejo permanente de la OEA en el que participarán autoridades del país. Allí la representación pedirá que se efectúe otro consejo permanente para que el GIEI pueda presentar sus conclusiones ante el resto de los países.

ABOGAN

Tres organismos internacionales se pronunciaron: la OEA lo hizo el martes, mientras que la Organización de Naciones Unidas en Bolivia (ONU) y la Unión Europea (UE) por Bolivia lo hicieron ayer.

La segunda pidió que las sugerencias se conviertan en acciones, en beneficio de que haya justicia para las víctimas. “La ONU Bolivia manifiesta su confianza en que las recomendaciones se traduzcan en acciones concretas que permitan alcanzar el anhelo de justicia y medidas de reparación de todas las víctimas”, se lee en su cuenta de Twitter.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de la posibilidad de que el informe pueda ser tratado en la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La Unión Europea (UE) en Bolivia, por su lado, mencionó que ese trabajo “puede y debe ser una herramienta más para lograr la reconciliación de Bolivia”.