El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, opinó este miércoles que el secretario general de dicha entidad, Luis Almagro, es el directo responsable de los conflictos de 2019, que fueron recogidos en un informe presentado ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia). 

“Luis Almagro es el responsable y el autor mediato de varias de las situaciones que se ha narrado en este informe. Como ustedes conocen, la secretaría general de la OEA emite el 10 de noviembre un informe ilegal; es ilegal porque no estaba contenido en el acuerdo entre Bolivia y la OEA, y porque nunca fue de conocimiento previo del Estado”, remarcó Arce en contacto con Atb.

En esa línea, el diplomático afirmó que el informe preliminar emitido en noviembre de 2019 “no tenía razón de ser” y que tal documento detonó los conflictos tras la renuncia del expresidente Evo Morales.

“Este es el informe que genera la gravísima violencia, para que se torne en violencia externa en el país y se den los luctuosos hechos, la sugerencia de renuncia ­de las FFAA al entonces presidente, lo cual es considerado un ultimátum”, consideró.

En fecha del 22 de octubre del 2019, a pedido del gobierno de Evo Morales, la OEA aceptó realizar una auditoría del proceso electoral, afirmando que el “resultado del informe de auditoria será vinculante para las dos partes”. El convenio fue firmado por el entonces canciller Diego Pary y el secretario general, Luis Almagro.

El documento, que fue presentado el 10 de noviembre de 2019, identificó una “manipulación dolosa” de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Tras ello, Morales convocó a una conferencia de prensa llamando a nuevas elecciones con nuevos actores políticos y un nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero ello no calmó las protestas de la ciudadanía que reclamaba que en los comicios de 2019 hubo fraude electoral.

A las 16:51 del mismo día, Evo Morales presentaba su renuncia durante una emisión de Bolivia TV desde el Chapare; medida que impulsó nuevas protestas y hechos de violencia, protagonizadas por afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que terminó con el destrozo a la propiedad pública.