El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, recibió este martes el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que corrobora el golpe de Estado ocurrido en 2019, y anunció que su gobierno aplicará las recomendaciones sugeridas en ese documento para sancionar a los responsables.

    El mandatario informó que esa investigación, realizada por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contiene más de 700 páginas y recopila testimonios y narración de torturas, vejámenes y crímenes de lesa humanidad, además de “relatos desgarradores del sufrimiento de los bolivianos” entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

    Arce detalló que ese estudio precisa que, en noviembre de 2019, Jeanine Áñez se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores y luego presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia sin el quórum previsto en ambas instancias, además confirma que recibió la banda presidencial de manos de un militar.

    “Los hechos y argumentos legales (de ese documento) demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”, sentenció el mandatario en un acto que se realizó en predios del Banco Central de Bolivia.

    Para el Presidente, con la información recopilada en esa investigación internacional, “el sufrimiento del pueblo boliviano estará marcado en la historia de los pueblos del mundo que luchan por su liberación, así como su valentía, unidad y conciencia para recuperar la democracia en las calles y en las urnas”.

     Según el informe del GIEI, producto de todas las acciones violatorias de los Derechos Humanos, 38 bolivianos perdieron la vida con disparos y otros centenares sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, instituciones que -a juicio del mandatario- arremetieron contra el pueblo con el objetivo de matar.

    “El GIEI evalúa que las FFAA y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos. Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre DDHH”, refrendó.

    Asimismo, recordó que la población boliviana también sufrió violencia, racismo, humillación y discriminación impulsadas por instituciones cívicas y ejecutadas por grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que según testimonios actuaron con el apoyo de la entidad del orden.

    “El GIEI tuvo acceso a abundante información audiovisual donde se puede observar a personas con distintivos de la Resistencia Juvenil Cochala ejecutando actos de violencia, racismo y discriminación en contra de civiles”, sostuvo.

    En un extenso discurso, el mandatario boliviano detalló varias pruebas escritas en ese informe que corroboran los hechos ocurridos en ese entonces y comprometió aplicar las recomendaciones sugeridas por el GIEI para que no se repita nunca más ese tipo de acciones en el país y en el mundo.

    En ese marco, anunció que se procederá a derogar el Decreto Supremo 4461 y se establecerá una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral.

    Asimismo, dijo que se desestructurará toda organización “parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralelas al Estado.

    Por otra parte, el Presidente pidió a la Fiscalía a implementar las acciones que recomienda en el Informe del GIEI y exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos.

    “La historia hoy nos convoca a todas y todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia, y esperemos que todas las fuerzas políticas asuman esta responsabilidad que se traduce en un compromiso con nuestra democracia”, manifestó.