El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) entregó este martes su informe sobre las vulneraciones de derechos humanos durante 2019 y concluyó que hubo masacres en Sacaba y Senkata, además de una violencia racista que requiere sanción. Asimismo, observó deficiencias para garantizar la independencia judicial en el país.

“El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres. Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia reparación por los daños que le fueron provocados y atención inmediata”, explicó en la presentación la argentina Patricia Tappatá, integrante del Grupo que fue encargada de presentar las conclusiones.

El GIEI analizó las violaciones a derechos humanos desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre, periodo en el cual hubo en el país al menos 37 fallecidos en el marco del conflicto electoral.

Tappatá señaló que, además de los muertos, “centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas” y que lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado y de particulares 

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos”, detalló.

En la investigación también que encontrron casos de violencia sexual y de género.

Sin embargo, la experta aclaró que “para sanar heridas es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político” y que “no se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar antes la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política”.

Violencia racista

La integrante del GIEI señaló que las manifestaciones de protesta y bloqueos no ocurrieron de modo inesperado, sino fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y accionesque socavaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia.

Señaló que en ese entonces “se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana, las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes de la vida de Bolivia pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales”.

Añadió que, en ese marco, “la violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época deben ser reconocidas y los responsables sancionados”.

La primera recomendación del GIEI, en ese sentido consiste en realizar una Cumbre Nacional sobre el Racismo y la Discriminación, para “promover espacios de consenso y de diálogo, para trabajar un sentido de destino común en la diversidad.

Agregó que “el orden patriarcal debe desnaturalizarse, porque este implica no sólo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres sino también entre indígenas y no indígenas”.

También se recomendó a líderes políticos y sociales “deben abstenerse de utilizar la problemática del racismo, las opciones religiosas y de género para generar discursos de odio”.

Justicia y fuerzas de seguridad

El GIEI observó que “la justicia y las fuerzas de seguridad quedaron rezagadas en el proceso de cambio”. Tapattá señaló que “los ciudadanos no confían en ellas las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación”.

También señaló “la existencia de serias deficiencias en el Estado boliviano para garantizar y respetar la independencia y autonomía del poder judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en la capacidad de esas instituciones para garantizar la debida diligencia y debido proceso”.

Recomendó que se garantice la independencia del poder judicial a través de cambios en los sistemas de designación y estabilidad profesional de jueces y fiscales, que deben ser seleccionados mediante convocatorias públicas, procesos transparentes y criterios objetivos de mérito, por fuera de simpatías partidarias.

Indicó que esto incluye que autoridades políticas eviten pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o por iniciar.

También planteó que debe acotarse el uso habitual y casi preestablecido de la prisión preventivam, y que los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario deben ser atendidos con la mayor urgencia para eliminar las prácticas abusivas que caracterizan a todo el circuito penitenciario.

Para la Policía y Fuerzas Armadas, el GIEI recomendó que “son dos instituciones que deben estar subordinada al poder civil y sometidas a controles internos y externos, con reglas de transparencia y rendición de cuentas”.

También la experta argentina llamó a que el informe “no sea visto como la fotografía de un tiempo violento pero breve que ya pasó, sino como el nuevo umbral ahora más elevado y exigente de lo intolerable”.