La Defensoría del Pueblo destaca los resultados de la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI- Bolivia, presentados hoy, que serán un aporte al esclarecimiento de los hechos registrados durante el conflicto poselectoral de 2019, y que ratifica y confirma las conclusiones del trabajo investigativo de la institución defensorial plasmado en el informe “Crisis de Estado – Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre – Diciembre 2019”.

Ambos documentos son una fuente de información sería y solvente que aportará a la memoria histórica y que estos hechos no vuelvan a repetirse; al derecho a la verdad a la que tienen las víctimas y familiares de los fallecidos en las masacres registradas; y, principalmente, al acceso a la justicia para que los responsables de estos luctuosos hechos sean investigados y sancionados en el marco del debido proceso.

La Defensoría del Pueblo, en el marco del derecho a la justicia que tienen las víctimas, demanda al Ministerio Público a realizar su labor investigativa bajo los principios de objetividad y celeridad, cumpliendo su labor de identificar a los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata, de los asesinatos, de las persecuciones y detenciones ilegales y de los procesos indebidos.

El cumplimiento y respeto del derecho a la memoria y a la verdad depende del Ministerio Público, instancia estatal que durante el Gobierno transitorio fue el instrumento para la persecución y las detenciones ilegales y para la instauración de procesos; y la mejor manera de reivindicarse con la historia y con el pueblo boliviano es a través del inicio de procesos penales y la celeridad de éstos.

La Defensoría del Pueblo destaca que el GIEI-Bolivia, expresamente, haya identificado la instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos. Esta instancia, si bien señala que la falta de independencia judicial es un problema estructural en Bolivia, en su evaluación de los procesos judiciales relativos al período examinado, identifica un patrón de vulneraciones al debido proceso y la debida diligencia.

El GIEI concluye que la Fiscalía utilizó abusivamente tipos penales como terrorismo, financiamiento del terrorismo, y sedición para procesar arbitrariamente conductas que notoriamente no tenían los elementos subjetivos de esos crímenes, y que también se hizo un uso excesivo de la detención preventiva, y en base a estas irregularidades el emite varias recomendaciones para el sistema judicial boliviano, principalmente, para el Ministerio Público.

La Defensoría del Pueblo estará centrada a realizar el acompañamiento a las víctimas para vigilar que éstas accedan a una reparación integral la cual, conforme las recomendaciones defensoriales y el informe del GIEI-Bolivia, conlleva el derecho a la memoria, verdad y justicia.