Finalmente, luego de una serie de curiosas postergaciones, se dio a conocer el Informe del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019. El extenso documento, que analizaremos en más de una columna, contiene desde sugerencias atendibles sobre la reforma de la justicia y el respeto al debido proceso, hasta omisiones y sesgos que iremos detallando. Comienzo por lo bueno:

1. Crisis electoral y Gobierno interino. El informe evita utilizar el tipo de terminología que habría esperado el Gobierno, refiriéndose al eje de los acontecimientos en 2019 como una “crisis electoral” y no como un “golpe de Estado”. Respecto a la administración de transición surgida ese año, la califica de “interina” y no “de facto”.

2. Rol de Evo en la polarización. En el capítulo II (Contexto y desarrollo de la crisis) se pone en evidencia al incumplimiento del mandato del referéndum del 21F en la base del malestar político, se recogen las observaciones de la Misión de Observación de la OEA sobre el proceso electoral y se subrayan actitudes polarizadoras del entonces presidente Evo Morales, como sus descalificaciones a organizaciones ciudadanas y a las protestas juveniles.

3. Víctimas en ambos lados. Contra la interpretación unilateral propiciada desde el Ejecutivo, en el acápite 2 de las Conclusiones (página 462) el Informe dice que “es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctimas”.

4. No a la persecución política. También en las Conclusiones, el GIEI remarca que “de ningún modo, el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida” (página 463). En otro párrafo, “el GIEI destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”.

5. Uso excesivo de la detención preventiva. El Grupo cuestiona el “uso desmedido” de las medidas cautelares en Bolivia, punto que puede tener una lectura en relación al caso de la ex presidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros.

6. Falta de independencia del sistema judicial. El Informe enfatiza que “se debe garantizar que los fiscales y otros operadores de justicia asignados a estas investigaciones sean debidamente seleccionados, y cuenten con la necesaria formación, experticia e integridad profesional. En particular, los investigadores y fiscales deben ser independientes de los presuntos autores y de las instituciones a los que estos pertenezcan, y no verse sometidos a presiones políticas o influencias indebidas” (página 377).

Hasta aquí, lo más rescatable del Informe, lamentablemente presentado en una escenificación política a la que se prestó el Grupo, algo que ya forma parte de “lo malo y lo feo” que analizaremos en el próximo artículo.