El esperado Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) despeja muchos de los aspectos oscuros que existían sobre la peor de las crisis que vivió el país en los últimos 40 años. Y evidencia la falta de trasparencia, profesionalidad, independencia e imparcialidad de las investigaciones y procedimientos judiciales aplicados por jueces y fiscales nacionales.

Esos son, sin duda, los primeros de los muchos méritos de la labor que los seis expertos de varios países realizaron en el marco de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado Plurinacional, y cuya seriedad e imparcialidad son inobjetables, como lo reconoce el oficialismo, la oposición e instituciones de la sociedad civil.

El informe “producto de ocho meses de trabajo en contacto directo con las víctimas, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, testigos presenciales de los hechos de violencia y las distintas autoridades e instituciones del Estado” —además de otros recursos especializados— constata que lo ocurrido en la crisis de 2019 es consecuencia de factores previos. Factores como la imposición de la candidatura de Morales, a pesar del rechazo ciudadano expresado en el referendo de 2016 y el amplio descrédito del Órgano Electoral en funciones el año 2019.

Y la luz que echa sobre los hechos de violencia acaecidos durante la crisis destaca también, entre numerosos aspectos, que éstos fueron alentados tanto desde el Gobierno de Morales como desde la oposición.

Es vasto el informe, y su contenido esclarecedor de esos hechos tendría que servir para iniciar el camino a la reconciliación y al diálogo en el país. Ello no será posible “sin una firme voluntad política —desde el más alto nivel— explícita y compartida entre las autoridades del Estado Plurinacional, para fortalecer la independencia de las instituciones públicas que deben afirmar su autonomía y un funcionamiento transparente”, dice una de las recomendaciones.

Esa autonomía y transparencia necesarias se aplica especialmente al Poder Judicial. Eso es evidente en el número de veces: 796, que las palabras “fiscal” y “fiscalía” aparecen en las más de 460 páginas del Informe.

Así, es claro que si el compromiso del Gobierno con la democracia y los derechos humanos es real, debe impulsar de inmediato una reforma del Poder Judicial, comenzando por la reapertura de los casos cerrados, el respeto al debido proceso y la vigencia plena de los derechos de las exautoridades del Gobierno transitorio.