El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, ratificó la continuidad de los procesos judiciales iniciados contra las personas que habrían participado del presunto golpe de Estado. Además, afirmó que se seguirá con la desarticulación de grupos paramilitares y la identificación de los responsables de las muertes durante la crisis de 2019.

“Aquí nadie está haciendo una persecución penal forzada, política o selectiva, lo que se está buscando es justicia. No es ningún acto de venganza y eso pasa por víctimas que han sufrido actos discriminatorios y vejatorios”, afirmó en una entrevista con el programa Buena Noche de OPINIÓN, después de conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que fue entregado hoy al Gobierno.

Sobre la observación del GIEI en la que recomienda cambios en el Poder Judicial para que sea independiente y que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre los procesos judiciales, el Viceministro de Régimen Interior indicó que la falta de acceso a la justicia se produjo recién desde el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez.

“La falta de acceso a la justicia se ha generado desde noviembre de 2019. Lamentablemente, las denuncias formales de las víctimas de las agresiones, lesiones y de las personas que fallecieron no han tenido una continuidad adecuada por la falta de diligencia debida”, aseveró Cox.

Asimismo, saludó que la Fiscalía ya haya determinado la conformación de comisiones especiales para dar cuerpo a las recomendaciones del GIEI, pero indicó que hace falta un control social para su escrutinio público.

También responsabilizó al Gobierno de Áñez por la convulsión social en Bolivia que surgió, según Cox, porque se enarboló el tema de fraude sin una prueba objetiva para lograr que Evo Morales renuncie.