El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia le dedica un apartado a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), organización que tomó fuerza en 2019, en Cochabamba.

Al respecto, concluye que incurrió, presuntamente, “en un aumento del uso de la violencia, en la medida en que fueron capaces (los miembros) de captar más adeptos y disponer de más recursos, que recibían de los vecinos que realizaban los bloqueos”.

Luego de recolectar testimonios, el equipo de expertos señala que la RJC empezó, supuestamente, a desarrollar labores que son propias de la Policía, como patrullajes y vigilias en motos. Iban “premunidos de armas artesanales como bazucas y explosivos”, se lee en el trabajo.

El GIEI Bolivia nota un aparente vínculo entre los miembros de esa agrupación y los efectivos del verde olivo, “desde el motín policial del 8 de noviembre”, cuando las fuerzas de esa entidad se rebelaron. “un testimonio recibido por el GIEI, el comandante departamental de la Policía Jaime Zurita llamó a integrantes de la RJC a proteger la EPI Sur del ataque de vecinos de la zona”.

Finalmente, el GIEI argumenta que recogió más de dos decenas de videos en los que “evidenció” a personas con distintitos de la Resistencia cometiendo “actos de violencia y racismo”.

Enterado de esto, el presidente Luis Arce anunció ayer que “se desestructurará toda organización parapolicial”. “Instamos al Ministerio Público a implementar acciones que se recomiendan en el documento”.

De acuerdo con el trabajo evaluativo de los expertos, la RJC es un “un grupo de choque que se autoasignó el objetivo de, inicialmente, velar por los puntos de bloqueo instalados en Cercado”. Conforme pasó el tiempo, en consonancia con el GIEI, esta agrupación comenzó a adquirir elementos propios del accionar policial y generó “intimidación” en personas identificadas con el partido azul. Yassir Molina, líder de la Resistencia, se encuentra privado de su libertad, del mismo modo que Mario Bascopé.