Antes de comenzar a desglosar las conclusiones generales a las que arribó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Patricia Tappatá, miembro de ese equipo, resaltó que de ninguna manera el contenido del trabajo tiene la intención de representar un equivalente a una investigación “penal”.

También dejó en claro que el informe “de ningún modo debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”.

En la averiguación, que consta de más de una treintena de recomendaciones, el GIEI observa el funcionamiento del Órgano Judicial y realiza una crítica fuerte, pues considera que este sufre de deficiencias notables que afectan en la independencia de poderes deseada.

Por ello, sugiere que se garantice la independencia del poder judicial mediante transformaciones en cuanto a los sistemas de designación de jueces y fiscales. La selección a través de convocatorias públicas y procesos que disten de las simpatías por colores partidarios es ideal para los conocedores. 

“Esto incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y proceso penales en curso o por iniciarse. Los derechos de personas privadas de libertad en el sistema carcelario deben ser atendidos con mayor urgencia para eliminar prácticas abusivas que caracterizan al circuito penitenciario”, profundiza uno de los fragmentos que refiere a las recomendaciones.

En cuanto a la investigación que pueda llevar adelante el Ministerio Público, el GIEI advierte que “debe considerar planes que se sugieren en el informe y evaluar la posible asociación de casos para desarrollar una estrategia eficaz en los trabajos, contemplando todos los niveles de responsabilidad, incluso la autoría mediata”.

Ve conveniente la creación de un mecanismo independiente al interior del aparato estatal que tenga como objetivo “monitorear el uso de la fuerza y actuación de instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones”. Esto, tras concluir que en los hechos de Senkata y Sacaba existió, según los expertos independientes, “represión excesiva”.

“Las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil y sometidas a controles internos y externos, con reglas de transparencia y rendición de cuentas”, añade el texto.

La necesidad de establecer “proporcionalidad” estricta en el uso de la fuerza ha sido uno de los puntos marcados por el GIEI.

Otro de los elementos observados por el equipo enviado señala que es preciso otorgarle prioridad a los casos de presunta violencia sexual hacia las mujeres.

La inaplicabilidad de amnistía en causas donde se cometen “graves violaciones de derechos humanos” y adecuar los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo según los principios de legalidad y estándares internacionales también han sido recomendados.

 “Asegurar el respeto estricto de los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario y penitenciario, eliminando prácticas abusivas referidas, entre otras, a la alimentación, la habitación, la salud y el régimen de visitas”, representa otra de las sugerencias. Para combatir el “racismo”, aspecto que el GIEI ha observado durante los sucesos de hace dos años, plantea que se dé paso a una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación.