Si bien el informe no pretende resolver la crisis política que hemos vivido en el país, solo la aborda como parte del contexto, eso ya detona en otras dos crisis: una de ellas es la económica y la otra es la social.

Dentro de esta última hay tres elementos: la justicia, la educación y la salud con la pandemia. Es, justamente, el tema judicial sobre lo que se refiere el informe en relación a las masacres, como lo denomina el trabajo, y la vulneración a los derechos humanos. A partir del decreto que firma la señora Jeanine Áñez, el 4078, exime de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas para imponer orden. No habla del decreto de realizar tareas de pacificación en el país.

Eso configura un clima que tiene que ver con la crisis social en Bolivia. Es obvio que los actores políticos enfrentados van a intentar sacar pedazos de los documentos de la CIDH y OEA para su lado. Es impensable, por ejemplo, que la oposición al masismo acepte la cuota de responsabilidad que tiene, porque el informe también habla de la declaración pública de Luis Fernando Camacho, que apunta a que tomó contacto con su padre para cerrar el motín policial.

La investigación refleja la crisis social y está demostrando qué fracturas históricas y sociales estuvieron en esos momentos. El racismo y discriminación son dos cosas; el regionalismo y la división campo-ciudad son otras. El informe da buena cuenta de esas acciones que se han ido evidenciando en ese tiempo.

La idea que se está instalando es esa necesidad histórica de un juicio de responsabilidades para resolver actos de injusticia y de vulneración a los derechos. Va a ser la primera vez que resolveremos, como país, ese tema. No se logró en octubre de 2003, cuando El Alto fue la ciudad más golpeada. Probablemente ahora sí, a partir de lo que ocurrió en 2019.