Los delitos de lesa humanidad fueron descartados por los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes también hicieron notar una excesiva dependencia de los órganos de justicia al poder político en el país. También reiteraron que este informe no hace identificación personalizada de los delitos y dijeron que no puede ser utilizado como un instrumento de persecución.

“La definición en el derecho internacional del delito de lesa humanidad requiere de un ataque sistemático contra la población civil con conocimiento, requiere de una estructura para cometer diversos actos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, francamente no vimos en las investigaciones elementos suficientes para determinar que estos hechos eran crímenes de lesa humanidad”, dijo el experto Juan Méndez en la conferencia de prensa ofrecida en La Paz.

Otro de los integrantes, Marlon Weichert, aseguró que el trabajo realiza recomendaciones a las instituciones y no identifica los delitos de forma personal, porque deben ser las instituciones establecidas en Bolivia las que identifiquen y sancionen a los responsables.

Pero al mismo tiempo, sus colegas afirmaron que se pudo constatar que existe una presión desde los poderes políticos sobre los operadores de justicia y que una de las recomendaciones es precisamente transparentar e independizar todo el sistema, es decir,  a fiscales y jueces.

Pero los expertos tuvieron el cuidado de no realizar recomendaciones sobre quién o qué persona puede ocupar alguno de los cargos. 

En Bolivia existen abiertas sindicaciones contra el Fiscal General, Juan Lanchipa, a quien algunos consideran como operador del Gobierno por los vínculos que tiene con el poder político.

Asimismo, los actuales magistrados de los cuatro cuerpos judiciales: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental, fueron preseleccionados de ternas que aprobó el MAS en la Asamblea y luego llevados a elecciones para facilitar su legitimidad.

Juan Méndez, dijo que lo que busca el informe es que los delitos de violación de derechos humanos no prescriban y que los responsables sean castigados en función de esos cargos. Asimismo, se busca que estos hechos no se repitan.

Destacaron que no se le está dando la debida importancia al ataque contra las denominadas caravanas del sur en las poblaciones orureñas de Vila Vila y Challapata donde se cometieron también violación de DDHH e incluso hubo agresión sexual contra algunas de las mujeres que viajaban en esas caravanas.

Los expertos adelantaron que, con la entrega del informe, su trabajo en Bolivia finaliza y que deben ser los actores de la sociedad boliviana quienes exijan el cumplimiento de las recomendaciones que realizaron en este documento y quedaron abiertos a que el Gobierno amplíe el acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que  puedan hacer el seguimiento de este trabajo.