“Ejecuciones sumarias” en el poblado cochabambino de Sacaba, el uso desproporcionado de la fuerza pública ante las protestas sociales que estallaron frente a la planta engarrafadora de gas de Senkata provocaron la muerte de una veintena de civiles entre los días 15 y 19 de noviembre de 2019.

Esos sucesos, detallados en el informe que presentó ayer al país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), marcan el inicio de la transición que quedó en manos de Jeanine Áñez, pero no fue el inicio de la violencia. Los especialistas también hallaron responsabilidades en la gestión de Evo Morales.

En este caso el reporte reveló que funcionarios públicos y recursos fiscales intervinieron en eventos como la llamada emboscada de Vila Vila, donde ambulancias y la llamada Caravana del Sur fueron atacadas por seguidores del MAS el 9 de noviembre.

Además, se registró un ataque con armas de fuego que logró frenar el avance de los autobuses que transportaban a decenas de personas que pretendían llegar a La Paz para sumarse a las protestas contra Morales y los resultados de las elecciones de 2019.

Durante la presentación del informe, los expertos aclararon que su mandato conferido por un acuerdo propiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no abarcaba un análisis del fallido proceso electoral de ese año ni de los componentes del actual estado de polarización.

“El GIEI no entró a dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o golpe de Estado ni tampoco consideró las denuncias recientes referidas a participación de otros Estados en la provisión de armas que se habrían usado para la represión del conflicto, por considerar que estos tres asuntos no son parte del mandato que recibimos”, aclaró la jurista argentina Patricia Tappatá.

Con la especialista trabajaron Juan Méndez, Julián Burger y Magdalena Correa, Marlon Weichert, además de Jaime Vidal, el secretario del grupo que investigó la violencia que estalló en el país entre septiembre y diciembre de 2019.

A pesar de esa aclaración, el presidente Luis Arce comentó: “Si esto no es un golpe de Estado ¿Qué más pruebas podemos pedir?”

El informe, dividido en ocho capítulos, establece un plan de reparación de daños para todos. “Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todo el reconocimiento de su calidad de víctimas”, señala el informe.

Hay que abandonar la idea “de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención”, puntualizó Tappatá.

21F. Entre los antecedentes del reporte se incluye el referéndum del 21 de febrero de 2016. Los expertos recuerdan que previa a la consulta, Evo Morales prometió respetar los resultados y ponen en evidencia su posterior habilitación a través de la sentencia constitucional 084/2017. La Corte IDH descartó hace poco que la reelección presidencial indefinida sea un derecho humano.

Protestas. Las protestas ciudadanas y los discursos de Morales ante la creciente ola de rechazo a los resultados, cuya transparencia se pusieron en duda por la interrupción del TREP, están en el informe del GIEI. El reporte describe varias frases con las que el expresidente denostó a sus adversarios y las circunstancias en las que se produjo un vacío de poder tras su renuncia al cargo.

Sucesión. El GIEI hizo notar que Jeanine Áñez llegó a la presidencia del Senado sin el quórum reglamentario, así como la cadena de renuncias de la línea de sucesión en un clima de vacío de poder. El reporte describe varias violaciones perpetradas contra los derechos humanos entre el 10 y 12 de noviembre y demandó una investigación sin discriminación política por todos esos acontecimientos.

Violación. En medio del descontrol que estalló tras la renuncia de Evo Morales varias mujeres sufrieron agresiones sexuales. Una de ellas, detenida el 11 de noviembre, sufrió violación de carácter sexual. “Policías le agarraron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina”, señala el informe. Remarca, además, que este acto ya constituye violación para los estándares penales internacionales.

Vila Vila. Las pruebas disponibles apuntan a que funcionarios públicos (MAS) participaron en los bloqueos y ataques con armas de fuego contra “la caravana del sur” del 9 de noviembre. Se emplearon recursos, así como materiales públicos. “Las responsabilidades de dichos funcionarios deben ser investigadas”, señala el reporte que documentó agresiones sexuales y violencia de género.

Wiphala. El reporte reconoce múltiples actos de discriminación contra los pueblos indígenas. Hubo “violencia selectiva” y “persecución específica”, así como ataques a símbolos de identidad, como la wiphala o el vestido indígena. Los investigadores creen, sobre la base de testimonios recogidos, que en El Alto hubo una defensa fuerte de la wiphala luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

Civiles desarmados. El equipo de peritos que apoyó al GIEI concluyó que las lesiones que causaron las muertes en Sacaba “permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fusil”. Un aspecto técnico, que en términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, “se podría, en ese caso, calificar a las muertes como ejecuciones sumarias. No hay evidencia de que civiles hayan ejecutado disparos.

Desproporcionalidad. Las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas por diligencias investigativas conducidas por el GIEI “no confirman que hubiera existido ese riesgo concreto” contra la planta de gas de Senkata, donde murieron 10 personas a bala. El reporte señala que hubo un uso desproporcionado de fuerza y que pudo haberse evitado pérdidas humanas.

Nuevo protocolo. El grupo de expertos planteó “Crear un mecanismo independiente, dentro de la estructura del Estado” que monitoree el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones y protestas sociales. El GIEI sugirió emplear normas precisas y transparentes para normar el uso de la fuerza ante movilizaciones y protestas permanentes.

Comité Cívico. Desde el inicio del paro cívico, el 23 de octubre, los bloqueos se convirtieron en puntos de control al tránsito de la población. La movilidad vehicular fue “extremadamente limitada” y si bien la población podía transitar a pie, en bicicleta o en motocicleta, tenía que identificarse con su cédula. El GIEI observó estas acciones por estar al margen de la normativa vigente.

Resistencia Cochala. El GIEI documentó agresiones de civiles, agrupados en la Resistencia Juvenil Cochala, que participaron en enfrentamientos contra campesinos que, a su vez, destruyeron propiedad pública y privada en varios barrios de la ciudad del valle. La Policía, dice el informe, omitió acciones en tiempos de Evo y luego permitió que estos civiles ayuden “a patrullar” la ciudad.

Incumplimiento. Durante la crisis política de 2019, “la Policía Boliviana no fue capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta ni cumplió adecuadamente con su deber de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público”, señala el reporte. Los expertos hallaron un comportamiento errático por parte de la Policía. Dejó de actuar para prevenir conflictos.