El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) señaló en su informe que en Bolivia la justicia no es independiente y que abusa de la detención preventiva como medio de coacción.

Los opositores claman por la reforma judicial, mientras que el Gobierno exige que la Fiscalía y el Poder Judicial procesen a los autores de las masacres ocurridas durante los conflictos de 2019.

Aunque el informe limita el análisis al período que abarca su estudio (de septiembre a diciembre de 2019), remarca que este problema “persiste en la actualidad”.

El GIEI subraya en su informe que la falta de independencia de la administración de justicia cobra una dimensión más amplia en el ámbito penal. Señala problemas en la Fiscalía, el Poder Judicial y la debida diligencia.

Además, el GIEI percibe que la detención preventiva es utilizada rutinariamente sin los requisitos legales y, en algunos casos, “como medio de coacción de personas para la incriminación de terceros”.

“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”, dice el documento.

El grupo de expertos destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. “El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”, dice.

Una tendencia que se observó en los expedientes investigativos y judiciales iniciados entre septiembre y diciembre de 2019 fue el uso frecuente de las figuras penales de “sedición y terrorismo” para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición.

Para el ministro de Educación, Adrián Quelca, “los responsables de estos actos de vulneración de los derechos humanos deben ser sancionados”. Insistió, pese a las observaciones del GIEI, que está en manos de la justicia y del Ministerio Público ejecutar las acciones que establece este informe de expertos internacionales que estudiaron lo acontecido en nuestro país en 2019”.

Los procesos en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, sus exministros y exjefes militares tienen también el rótulo de terrorismo, sedición y conspiración, pero no los menciona el informe porque está fuera de su tiempo de análisis.

El GIEI señala que un factor de debilitamiento de la confianza en el sistema de justicia es el uso del proceso penal para la persecución política. Esa distorsión de la función judicial está, en muchos casos, relacionada con la utilización indebida de los tipos penales de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición.

Esa “indebida criminalización resulta, primero, de la propia norma legal, que define la conducta de ‘subvertir el orden constitucional’ como crimen de terrorismo, y la figura de “trastornar o turbar de cualquier modo el orden público”, como sedición.

“Esos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad. La formulación de una figura de terrorismo desvinculada del elemento específico de ‘producir temor en la población’ no cumple con los estándares internacionales. Además, se observa que la Fiscalía también utiliza abusivamente esos tipos penales para procesar arbitrariamente conductas que notoriamente no tenían los elementos subjetivos de esos crímenes. La instrumentalización política del sistema de justicia durante el referido periodo menoscabó gravemente la independencia del mismo”.

El líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, señaló: “Coincidimos y respaldamos el informe del GIEI: la reforma del sistema judicial y fiscal y el cambio de sus operadores son requisitos para garantizar justicia y debido proceso en los casos que deben juzgarse. Hoy, jueces y fiscales sometidos al MAS no son confiables ni imparciales”.

Además, un comunicado conjunto entre CC, Creemos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), dice que para “llevar los procesos de investigación y sanción de estos hechos, el cambio de operadores fiscales y judiciales resulta imprescindible, porque el sistema judicial no cuenta con las condiciones mínimas de independencia, transparencia e idoneidad”.