El trabajo de la Policía y del sistema judicial, en específico el de la Fiscalía, fue duramente cuestionado en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Investigadores (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Señala una falta de independencia de la administración de justicia —un problema que califica como “estructural en Bolivia”—, con presiones a magistrados y fiscales e injerencias externas en el ejercicio de las funciones de estos. 

“El GIEI observa que, en diversos casos examinados, las instituciones del sistema de justicia actuaron sin independencia e iniciaron procesos judiciales con evidentes fines de persecución política, es de notar que el uso abusivo de la detención preventiva hace que la Fiscalía se concentre en justificar su primera hipótesis de investigación, o sea, la que fue adoptada como fundamento para la prisión”, dice el informe en el capítulo 4.

Agrega que esta actuación no sólo se registró en el tiempo en el GIEI investigó, sino que existen antecedentes de ello.

“El GIEI destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”, señala de forma contundente dicho documento.

Policía 

En relación a la institución policial, la GIEI señala que no fue capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta ni cumplió adecuadamente con su deber de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público. 

“El GIEI ha constatado que, en diversas situaciones, las fuerzas de seguridad fueron movilizadas con deficiencia de recursos humanos y de manejo de técnicas preventivas, por lo que sus efectivos fueron superados”.

Agrega que “la Policía es identificada como una fuerza que sirve al gobierno de turno y no como una institución del Estado al servicio de los ciudadanos. Además, se relataron frecuentes casos de corrupción”.

Los investigadores sostienen que los acontecimientos de la crisis de 2019 refuerzan la perspectiva de que la Policía actúa bajo la influencia de objetivos políticos. 

“Hasta los últimos días de octubre y primeros de noviembre, especialmente en las ciudades de La Paz y Cochabamba, por supuesta orientación recibida de los altos mandos, la Policía evitó intervenir para contener el uso de dinamitas u otros medios violentos en protestas sociales de grupos que defendían el resultado electoral en favor del presidente Evo Morales”, indica.

El GIEI recomienda garantizar la independencia del sistema de justicia, “lo cual incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse, así como garantizar los recursos presupuestarios suficientes y permanentes para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia”. 

Ataque a periodistas y medios de comunicación

Entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019 se registraron numerosos casos de agresión verbal y física a periodistas. Las sedes de los medios de comunicación —periódicos, radios y emisoras de televisión— fueron también objeto de ataque y destrucción, señala el informe en la página 334.

La mayoría de los hechos sucedieron en La Paz y Cochabamba. 

“Sus autores fueron tanto las fuerzas policiales y fuerzas armadas como los propios manifestantes, divididos entre los que denunciaban un posible fraude electoral y los que afirmaban que estaban ante un golpe de Estado”, indica. 

En el caso de la Policía, los expertos señalan que existen registros audiovisuales y numerosos testimonios de represión indiscriminada con agentes químicos y al menos dos casos de ataque dirigido con gas pimienta.

El 26 de octubre, “la Policía nuevamente reprimió a los manifestantes, y otros dos periodistas que cubrían el evento —Álvaro Peña, del periódico La Opinión, y Daniel James, fotógrafo del periódico Los Tiempos— se desmayaron por efectos de los gases”, dice una parte del informe que hace referencia a los casos de agresiones en Cochabamba. 

El informe recoge relatos de más de una decena de periodistas que fueron agredidos no sólo por funcionarios de la Policía, sino también por civiles que eran parte de las manifestaciones de protesta.

Hechos de violencia sexual y de género, además violencia reproductiva

El informe de la Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) incluye también hechos de violencia sexual y de género, incluyendo la violencia reproductiva, insultos sexistas y amenazas contra personas detenidas durante septiembre y diciembre de 2019.

Sin embargo, aclara que “estos son los casos que el GIEI pudo documentar, lo que no significa que no existan otros casos similares”.

Destaca casos de mujeres y hombres que fueron arrestados o detenidos en La Paz, Cochabamba, Oruro, durante los conflictos y fueron agredidos en distintas formas por parte de la Policía y civiles. 

Señala que el 9 de noviembre de 2019, hombres que integraban la caravana del sur fueron secuestrados y tomados como rehenes en Vila Vila (Oruro) por civiles que los golpearon, insultaron, amenazaron de muerte y los obligaron a desvestirse, a tumbarse en el suelo desnudos, y a caminar desnudos y descalzos.

El 6 de noviembre de 2019, en Sipe Sipe (Cochabamba), dos hombres que integraban una marcha fueron víctimas de diversas agresiones por parte de civiles, y también fueron desnudados y filmados por sus agresores mientras estaban desnudos.

A manera de conclusión, indica que “el análisis de género realizado en esta sección demuestra la importancia de adoptar un enfoque de género en la documentación, la investigación y la judicialización de los hechos ocurridos entre 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, así como en las reparaciones de los daños ocasionados por estos hechos”.