La coyuntura por la que atraviesa el país es una confirmación más de que, en efecto, la historia no se la cuenta como realmente ocurrió porque quienes la escriben son los vencedores —o historiadores por encargo de quienes ganaron no solo una guerra, sino un proceso histórico completo.

Sucedió en varias ocasiones pero ahora, con la historia convertida en ciencia, podemos estudiar el pasado sin apasionamientos y encontrar cómo fue que se falsificó la verdad y se la presentó de manera que los vencedores querían que se recuerde. Los dos casos más conocidos en Bolivia son la fundación misma del país y la Guerra del Pacífico.

En el primero, la versión que se escribió desde el principio de la República correspondió a los mandamases de entonces; es decir, Casimiro Olañeta y Manuel María Urcullu, quienes brindaron para la posteridad su propia visión de los hechos en los “Apuntes para la historia de la revolución del Alto Perú, hoi (sic) Bolivia”, obra presentada de manera anónima, aunque se la atribuye a Urcullu.

El segundo caso es todavía más truculento porque tiene que ver con la Guerra del Pacífico. La gente que depuso a Hilarión Daza fabricó su propia versión, incluyendo la mentira de que este presidente siguió celebrando el Carnaval aun luego de saber que Antofagasta había sido invadida. Los que fabricaron la versión oficial sobre la pérdida del mar incluso mandaron asesinar a Daza e hicieron desaparecer los documentos de descargo que traía para su defensa.

En torno a los sucesos de octubre/noviembre de 2019, hay dos corrientes que están en pugna con el fin de imponer una verdad. Una, la reconocida como opositora, dice que hubo un monumental fraude electoral, mientras que otra, la oficialista, dice que lo que ocurrió fue un golpe de Estado. Cuando existen versiones contrapuestas entre sí, la responsabilidad del periodismo es mostrar los hechos sin tomar partido.

Los hechos, reflejados en su momento, giran en torno a la intención del expresidente Evo Morales de reelegirse en su cargo, pese a que el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) se lo prohibía. En ese afán, convocó a un referendo para preguntarle a la ciudadanía si aceptaba modificar dicho artículo. El “No”, aunque por estrecho margen, ganó. Sin embargo, tanto él como el vicepresidente de entonces, Álvaro García Linera, volvieron a postularse.

Para legalizar ese intento, una docena de parlamentarios de su partido presentaron un recurso abstracto de inconstitucionalidad con el fin de que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sea aplicado por encima de la CPE. El argumento era que Morales y García Linera tenían el derecho humano a seguir postulándose, si lo deseaban, indefinidamente.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló dándoles la razón y ellos, consecuentes, volvieron a postularse en las elecciones de 2019, con los resultados que todos conocemos.

La actitud del TCP, por entonces presidido por Macario Lahor Cortez, ha motivado ríos de tinta y tuvo efectos jurídicos. Ahora, el más alto tribunal internacional sobre derechos humanos ha aclarado que nadie tiene derecho a reelegirse de manera indefinida. Entre sus argumentos, la Corte IDH señaló que eso afecta a toda democracia.

Quienes firmaron el fallo, y desempeñaban la función de magistrados del TCP cuando eso ocurrió, son seis: el mencionado Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy Flores y Neldy Andrade. Algunos de ellos, cuando cesaron en sus cargos, pasaron a desempeñar funciones diplomáticas mientras que otros fueron acogidos en instituciones públicas. Lahor, por ejemplo, fue nombrado Director Nacional del INRA.

Sirvan estos hechos para las consultas que hagan los historiadores en el futuro.