Tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el presidente Luis Arce citó ayer un fragmento del documento y concluyó que lo sucedido en octubre y noviembre de 2019 fue “golpe de Estado”, pese a que minutos antes la experta del organismo internacional, Patricia Tappatá, aclaró que el objetivo de la investigación no fue establecer si hubo fraude electoral o “golpe”.

“El GIEI no ingresó a dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o golpe de Estado. Ni tampoco consideró las denuncias recientes referidas a participación de otros Estados en la provisión de armas que se habrían usado para la represión del conflicto, por considerar que estos tres asuntos no son parte del mandato que recibimos”, dijo Tappatá.

En tanto, Arce leyó una parte del informe, en el que se refiere al momento en el que Jeanine Áñez en una sesión del Senado sin quórum “se proclamó” presidenta, posteriormente en el hemiciclo de la Asamblea Legislativo sucedió lo mismo, para luego en el Palacio de Gobierno recibir de un militar la banda y el bastón presidencial.

“Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir?”, dijo Arce en su discurso tras recibir el informe del GIEI sobre los hechos de violencia política de 2019.

El informe generó gran expectativa en días pasados por la insistencia del Gobierno de que este documento probaría que hubo “masacres” y “golpe de Estado”.

Si bien el documento concluye que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres y que las fuerzas represivas usaron “armas letales”, también dice que en todo el proceso hubo víctimas de los dos bandos enfrentados políticamente.

“Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas. No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención”, dice una de las conclusiones.

Luego de la publicación del documento del GIEI, las agrupaciones políticas Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) emitieron un pronunciamiento conjunto de cinco puntos en el aseguran que “el informe confirma de que las causas determinantes de la crisis de violencia de 2019 es la desintitucionalización del Estado y la aguda polarización provocada por Evo Morales y sus colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder vulnerando la CPE, el referendo del 21F y la democracia”. 

Sostiene también que los casos de violaciones a los Derechos Humanos podrían quedar en la impunidad y “ser politizadas a través de una fiscalía y justicia selectivas”, si es que no se deja sin efecto el la amnistía e indulto discriminatoria del presidente Luis Arce y el arbitrio sobreseimiento del caso fraude electoral anunciado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

En su discurso, el Presidente se comprometió a realizar un censo de todas las víctimas y se gestionará la “reparación integral” de quienes sufrieron la violación de sus derechos en 2019. También derogará el decreto supremo 4461.

El decreto se refiere a la amnistía que se dio a todos los procesados ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS )enjuiciados en el gobierno de Jeanine Áñez. 

Arce afirmó que la investigación contribuye a la justicia para que se dé con los responsables y anunció que el Estado cumplirá con las recomendaciones emitidas por el organismo.

EEUU pide respeto al debido proceso

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, demandó ayer justicia por las muertes de que se registraron en el país pero en el marco del Estado de derecho y debido proceso.

“Expresamos solidaridad con las víctimas de las tragedias de 2019. Debe haber justicia para ellos y sus familias, y los responsables deben rendir cuentas. Pero cualquier acusación legal debe realizarse dentro del Estado de derecho y siguiendo el debido proceso”, se lee en una publicación en Twitter. 

Almagro: Hay materia para ir a la Corte Penal

El secretario general de a Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró que el informé que brindó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con relación a los hechos Bolivia en 2019 contiene “importantes elementos” a ser presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“Hemos tomado nota de la publicación del informe #GIEI Bolivia. Sin perjuicio de un análisis del mismo en los próximos días, consideramos que contiene importantes elementos a ser presentados ante la CPI y la CIJ”, se lee una publicación en Twitter.

En una de sus conclusiones, el organismo de expertos estableció que entre septiembre y diciembre de 2019 hubo “graves violaciones a los derechos humanos” y señaló que lo ocurrió involucra la responsabilidad del Estado por actos de “agentes estatales y de particulares”.

El documento señala además que “hay personas afectadas en ambos lados del espectro político” y plantea que, por ello, todas deben ser reconocidas como víctimas.

Durante la administración de Jeanine Áñez, tras la renuncia forzada de Evo Morales, se suscitaron las movilizaciones en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba donde perdieron la vida unas 37 personas y hubo cientos de heridos.

En el informe se estableció además que hubo un uso “desproporcionado de la fuerza” durante los operativos combinados entre la Policía y las Fuerzas Armadas. 

En su momento, Almagro consideró a lo ocurrido en esos lugares como “masacres”.