El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Bolivia no dudó en calificar este martes que entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, donde al menos 37 personas perdieron la vida en Sacaba y Senkata, se cometieron "masacres". Brindaron recomendaciones y advierten en la necesidad de que las víctimas y sus familiares "obtengan justicia, reparación de los daños y atención oportuna”.

En dicho periodo, que abarca la recta final de la presidencia de Evo Morales y los primeros meses de gobierno de Jeanine Áñez, se registraron protestas sociales de la población y la asistencia de operativos conjuntos entre la policía y las Fuerzas Armadas.

Además, de acuerdo al GIEI, hubo "violencia racistas perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época", por lo que se debe identificar a los responsables y sancionarlos.

"Los hechos de Sacaba y Senkata fueron masacres. Es esencial que las víctimas obtengan justicia y se inicie un proceso de reparación por los daños provocados y de atención inmediata para sanar heridas", explicó Patricia Tappatá Valdez, la integrante del GIEI que dio a conocer el informe frente a los familiares de las víctimas que participaron en la presentación que fue realizada en el Banco Central.

Tappatá fue enfática en señalar que para el desarrollo de su informe final, el GIEI no tomó en cuenta ni dilucido si el 2019 hubo un fraude electoral o un Golpe de Estado en el país y tampoco tomó en cuenta las denuncias respecto a que otros países de la región habrían “donado” armamento al Gobierno de Áñez para ser utilizadas en las represiones de noviembre de 2019.