“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, fueron las palabras de Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, luego de recibir el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), sobre los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre del año 2019. 

El documento estableció que se cometió masacre en Sacaba en el departamento de Cochabamba y Senkata en la ciudad de El Alto. El informe "no contempla si hubo golpe o fraude electoral".

El GIEI señaló que en Sacaba la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre.

En Senkata establecieron que hubo masacre en un uso desproporcional de la fuerza, en la cual diez personas perdieron la vida y alrededor de 78 personas resultaron heridas. Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas.

En el caso de las Caravanas del Sur el 9 de octubre, cuando todavía se encontraba al mando el entonces presidente Morales, el GIEI dice que se verificó que los enfrentamientos en Vila Vila y en el ataque a la Caravana de Mineros fueron resultado de una polarización estimulada por agentes del Estado y políticos. El GIEI identificó evidencias de que integrantes del gobierno estuvieron involucrados en la organización y apoyo de los bloqueos y, cuando menos, asumieron los riesgos de que hechos de violencia pudieron ocurrir. Se concluye, por lo tanto, que funcionarios y autoridades del Estado no solo dejaron de cumplir con su deber de prevenir y sancionar la violación de derechos humanos, sino que fueron más allá, asumiendo un rol de complicidad, según un resumen del informe.

Hace una descripción de los hechos de violencia en La Paz que se desencadenaron después de las elecciones de octubre de 2019. Refleja la permanente polarización política, entre quienes se movilizaron en contra del Gobierno, y, los llamados de las autoridades políticas gubernamentales para la defensa de su mandato. Entre otras consideraciones del GIEI. 

Arce, por su parte, anunció el compromiso de la implementación de las recomendaciones del informe final del GIEI-Bolivia, según los principios de la institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado.

“Derogaremos el Decreto Supremo 4461, estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral. Asimismo, siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de represión paralela al Estado”, comentó el mandatario.