Una de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es que lo ocurrido durante la crisis política de 2019 “involucra la responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al mando del país. 

Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre, se suscribió el 12 de diciembre de 2019.

El informe estableció que durante la crisis de 2019 se “cometieron graves violaciones a los derechos humanos”. En ese escenario de conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en distintos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración tanto física como psicológicas.

“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”, señaló entre las conclusiones Patricia Tappatá, integrante del GIEI.

Sacaba y Senkata

El GIEI señaló que en Sacaba y Senkata la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. 

Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas.

Violencia en Vila Vila

En el caso de las caravanas del sur, el 9 de octubre de 2019, cuando todavía se encontraba al mando el entonces presidente Morales, el GIEI dice que se verificó que los enfrentamientos en Vila Vila y en el ataque a la caravana de mineros fueron resultado de una polarización estimulada por agentes del Estado y políticos. 

El GIEI identificó evidencias de que integrantes del Gobierno estuvieron involucrados en la organización y apoyo de los bloqueos y, cuando menos, asumieron los riesgos de que hechos de violencia pudieron ocurrir. Se concluye, por lo tanto, que funcionarios y autoridades del Estado no sólo dejaron de cumplir con su deber de prevenir y sancionar la violación de derechos humanos, sino que fueron más allá, asumiendo un rol de complicidad, según el informe.

Betanzos

El 11 de noviembre, en la localidad de Betanzos, Potosí, personas afines al MAS que bloqueaban la carretera Potosí-Sucre, violentaron la casa de una candidata de oposición y la estación policial. El 12 de noviembre, policías de la UTOP y militares desplegaron un operativo con la finalidad de desbloquear la carretera; sin embargo, se generó un enfrentamiento entre los manifestantes y los elementos de seguridad, en el que perdió la vida Marcelino Jarata Estrada por impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza, y un número indeterminado de personas resultaron heridas.

Se generaron destrozos, saqueos y quemas de casas de opositores políticos. Los grupos que protestaban en contra de la renuncia del presidente Morales bloquearon el puente Yapacaní

Áñez desafía a Evo a ser investigado

La expresidenta Jeanine Áñez dijo estar dispuesta a someterse a una investigación “enmarcada en el respeto a la Constitución y el debido proceso”.

No obstante, también lanzó una pregunta directa al expresidente Evo Morales: “¿Está usted dispuesto a someterse a esta investigación en igualdad de condiciones y con las mismas arbitrariedades que le fueron impuestas estos cinco meses y cinco días por mandato del Ministerio Público, Poder Judicial y Poder Ejecutivo?”.

• El resarcimiento debe ser para todos, sin distinciones 

Como parte de las recomendaciones del informe sobre la crisis política de 2019 que vivió el país, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sugiere que el Gobierno reconozca a todas las víctimas afectadas por la violencia sin hacer ningún tipo de distinciones por filiación política.

“Entre las recomendaciones dirigidas al Estado, decimos que el Estado debe garantizar el derecho de todas las víctimas y sus familiares a la verdad, a la justicia y a la reparación, sin hacer distinciones indebidas entre ellas, bajo el principio de universalidad”, dijo la especialista Patricia Tappatá.

“No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar antes la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las que se identifican con el adversario lo son menos o no requieren atención”, señaló Tappatá

Dijo que es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político, y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctima.

El GIEI observó en su informe que, desde un punto de vista material, una amnistía o indulto puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia, consideración que, la aplicación del decreto supremo “puede reforzar la percepción de injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.

Entre sus conclusiones, el informe del GIEI destaca que el trabajo que realizó no equivale a una investigación penal. “A lo largo de este informe, y a continuación, se formulan varias recomendaciones sobre la investigación y el procesamiento penal que deben realizar las autoridades competentes. De ningún modo, el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”.

• Premeditación en quema de buses

El informe del GIEI refiere que un grupo de personas ingresó a dos patios de mantenimiento de los PumaKatari en Chasquipampa y Achumani, e incendiaron 64 buses. Además, que se acercaron al patio de Villa Salomé con el mismo objetivo, pero los funcionarios habían trasladado la mayor parte de la flota a otro establecimiento.

“La coincidencia de horarios y de método en estos incidentes es indicativa de que los actos fueron premeditados, planeados y realizados por una misma organización”, afirma el texto.

Detalla que a las 19:00 el grupo de personas se dirigió a Chasquipampa para destrozar y quemar 34 buses. Luego, a las 21:00, otro grupo ingresó al patio Achumani y prendió fuego a otros 30 vehículos.

Asimismo, en el patio de Villa Salomé se aglomeraron personas hacia las 21:30.

Un testigo funcionario de La Paz Bus, entrevistado por el GIEI, narró que había observado como personas ingresaron al predio a hacer daño a los buses. El testigo dijo que había aparecido una patrulla y cuatro policías, con los cuales trataron de retomar el patio, pero tuvieron que salir ante la acumulación de más gente.

• Violencia racista

Una de las conclusiones del informe del GIEI habla de la violencia racista. “En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana. Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y, en momentos trascendentes de la vida de Bolivia, pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados”.

Dice además: “Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado. Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento. Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y la democracia”.

• Llamado al diálogo democrático

El informe del GIEI concluye que “una de las características de la sociedad boliviana es su dinamismo, que se expresa en asambleas, cabildos y movilizaciones constantes en las calles por el acceso a derechos sectoriales y gremiales”.

“En la base de esos movimientos sociales, que procuran incidir en el aparato del Estado, hay demandas más amplias de igualdad económica y geográfica, por ampliación de la participación política y del reconocimiento de identidades, que muchas veces generan conflictos entre grupos”.

“Es necesario que la energía y laboriosidad de esos movimientos se expresen en un campo de diálogo democrático, aún por construir, que combine mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica. Trabajar por la convivencia entre personas distintas que deciden vivir y relacionarse en una democracia intercultural evitaría la confrontación violenta”.

“El derecho a la vida y a una vida digna pertenece a todos los habitantes de Bolivia por igual. Además de procurar procedimientos pacíficos para procesar reivindicaciones y desacuerdos, la justicia tiene un rol en esa necesaria conciliación que garantice la igualdad”.