El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia concluye que entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 hubo “masacres” en Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), además de advertir que la Policía y los militares “usaron fuerza excesiva” y que el Estado fue responsable.

Patricia Tappatá, del equipo investigador, resumió ayer en el Banco Central de Bolivia (BCB) que 37 personas murieron en medio del conflicto político, que actuaron “agentes estatales y particulares” y que existió “violencia racista” hacia, especialmente, mujeres indígenas.

Luego de que se hiciera público el trabajo, el oficialismo y la oposición reafirmaron teorías de “golpe” y “no golpe”. El presidente del Estado, Luis Arce, señaló: “Los hechos y argumentos legales demuestran que se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”.

Arce, apoyado en los argumentos del trabajo evaluativo internacional, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a encaminar un juicio de responsabilidades para determinar autoría en los sucesos de 2019 de forma pronta.

La oposición, conformada por Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), afirmó que la investigación confirma que la desinstitucionalización estatal y la polarización fueron provocadas por el expresidente Morales para “quedarse en el poder indefinidamente”.

El informe del GIEI, además de realizar un repaso por los hechos de Montero, Senkata, Sacaba, El Pedregal, la quema de bienes públicos y de asumir a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) como ente “violento”, advierte que es indispensable una reparación integral para las víctimas, sin importar sus partidos políticos. “Hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas”, se lee en la investigación.

El GIEI entiende que las protestas que desencadenaron la violencia “fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento”. También expresa que las poblaciones indígenas fueron presuntas víctimas de “racismo”, especialmente, las mujeres.

JUSTICIA

El GIEI lamenta que, durante el “proceso de cambio”, el manejo de la Justicia haya quedado “rezagado”. De ahí que vea necesario “garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, con el fin de velar por el debido proceso. Una de las 30 recomendaciones ha sido que exista independencia por fuera de las “simpatías partidarias”.

Una de las propuestas del equipo apunta a que se produzcan cambios en los sistemas de designación de jueces y fiscales, y que estos sean seleccionados a través de convocatorias públicas.

VULNERACIONES

Según el informe, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 se han vulnerado presuntamente al menos 10 derechos: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a la honra, dignidad y vida privada, garantías judiciales y debido proceso; libertad de expresión y de asociación, derecho a la no discriminación, derecho de toda mujer a una vida libre de violencia; derecho a la salud, derecho a la propiedad y el derecho al trabajo.

CINCO MEDIDAS

Arce anunció cinco puntos: que el Gobierno se apegará a las recomendaciones de GIEI, que derogará el Decreto Supremo 4461, sobre la concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos, que se creará una comisión para proceder al censo de las víctimas de los hechos de 2019, que se desarticulará a las organizaciones “parapoliciales” y, por último, instó a la Asamblea Legislativa que apruebe un “juicio de responsabilidades” para definir autorías.

Ley para plan de reparación

El GIEI propone que se viabilice el plan de reparaciones a las víctimas mediante norma. “Se recomienda que dicho programa sea creado por una ley que defina el alcance y contenido del programa, los procesos de identificación de los beneficiarios y de atribución de las medidas de reparación, la forma de financiamiento, las entidades responsables por su ejecución y supervisión, y el proceso de consulta y participación de las víctimas”, se lee.  

En cuanto a los beneficiarios, explica que se trata de los que “sufrieron un daño material o inmaterial ocasionado por las vulneraciones a sus derechos (víctimas directas) y a sus familiares allegados o personas a su cargo, así como las que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”

Los cónyuges y concubinos también deben estar contemplados. El plan explica que los que sean familiares de una víctima directa, por ejemplo de desaparición, pudieron ser también víctimas indirectas dentro de la secuencia de la situación.