Además de señalar una falta de independencia de la administración de justicia –un problema que califica como “estructural en Bolivia”–, con presiones a magistrados y fiscales e injerencias externas en el ejercicio de las funciones de estos, el GIEI hace en su informe serios cuestionamientos al trabajo desarrollado por el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas durante el periodo de su análisis: entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Según lo adelantó Patricia Tappatá Valdez, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), durante la presentación pública del “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, ese grupo considera “dos institucionalidades claves para promover y proteger los DDHH: justicia y seguridad”. Por eso, dijo, una buena parte de sus recomendaciones están dirigidas al Órgano Judicial, el Ministerio Público, las FFAA y la Policía.

FALTA DE INDEPENDENCIA

“El GIEI advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales a lo largo del informe”, reza parte del documento presentado la mañana de este martes en La Paz.

“Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) ha identificado, de manera reiterada, la falta de independencia de la justicia de los poderes políticos y económicos en todos los niveles y la corrupción de la justicia como graves problemas estructurales y de larga data. De igual manera, otras instancias internacionales han manifestado su preocupación debido a la ausencia de independencia del sistema de justicia”, dice también.

Además, “diversas organizaciones de la sociedad civil bolivianas han denunciado una amplia gama de falencias en el sistema de justicia que impiden el desarrollo de sus funciones de manera independiente y efectiva”.

FACTORES

“Varios factores han contribuido a la injerencia política en la justicia. Entre ellos está el hecho de que la mayoría de los jueces, las juezas y fiscales actualmente ocupa cargos de carácter transitorio, aunado a la falta de independencia de las instituciones encargadas de los nombramientos de estos funcionarios a sus cargos. Otro factor que sugiere la intromisión política es el presupuesto restringido para el sector de justicia”, añade el informe.

Señala como una debilidad del sistema judicial que, por información recibida del Estado en 2018, “de los 118 vocales, 1.039 jueces ordinarios y 63 jueces agroambientales que existían en el país para esa fecha, solo 163 serían jueces de carrera, lo que representa menos del 14%”.

“Según la información proporcionada al GIEI por el fiscal general del Estado Juan Lanchipa Ponce, de los 570 fiscales de materia en todo el país, solo un 20% fueron institucionalizados en gestiones anteriores. Al respecto, por primera vez en los últimos años se realizó una convocatoria pública para la designación de fiscales departamentales, la cual, sin embargo, no logró éxito y fue declarada desierta”.

CON FINES POLÍTICOS

“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”, dice en un primer momento.

Luego, “el GIEI destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”.

“Se advierte que el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso, y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales. Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”, dice el informe.

Cita ejemplos de falta de independencia del sistema judicial y aclara que “si bien los casos referidos acontecieron durante el periodo objeto de su mandato, las falencias identificadas son un problema estructural”.

TESTIMONIOS

Entre los testimonios que incluye en su informe y que confirman serias violaciones a los derechos humanos están los de Patricia Hermosa, antigua jefa de Gabinete de Evo Morales, detenida por personas vestidas de civil y sin presentación de orden judicial alguna. Ella, según el GIEI, les dijo que estaba embarazada y ni siquiera por esto le permitieron dirigirse a un baño.

Además, el documento contiene la palabra de Edith Chávez Arauco y Lorgia Fuentes.

A Chávez, que entonces trabajaba como empleada doméstica en la casa del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, la detuvieron como una forma de presionarla para que delate a esa exautoridad, según su testimonio.

A Fuentes se la vinculó con el exministro Carlos Romero como “supuestamente amante”, dicen en el informe, sobre la base de un programa de TV del periodista español Alejandro Entrambasaguas. Ella negó tal versión y denunció una serie de torturas y persecuciones que el gobierno de Áñez desató en su contra.

EXVOCALES ELECTORALES

Finalmente, el GIEI deja constancia de sus entrevistas con exvocales electorales del país. Destaca, por ejemplo: “Preocupa que la policía no intervino ante las amenazas y la quema de las instalaciones de diversos tribunales departamentales, lo que afectó considerablemente al personal, patrimonio y material electoral”.

Y, acto seguido, puntualmente con relación a Chuquisaca, dice: “Tampoco intervino (la Policía) ante la persecución y el hostigamiento público que tuvo lugar en contra de las y los vocales hasta el 10 de noviembre. Entre otros hechos, se destaca lo ocurrido en Chuquisaca, donde, ante la llegada de un grupo de personas al TED para quemar este recinto, el personal electoral tuvo que escapar del edificio saltando un muro hacia un inmueble aledaño. Los vocales permanecieron escondidos en un entrepiso hasta la madrugada siguiente cuando fueron rescatados por sus conocidos. La mayoría de los vocales entrevistados refirieron al GIEI que decidieron abandonar sus domicilios ante las amenazas que se divulgaban en medios de comunicación de atentar contra su vida y sus bienes”.