Se develó el informe de la Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que desarrolló un trabajo intenso en el cual se confirma que en las zonas de Sacaba, Huayllani, Senkata, Pedregal, Ovejuyo se produjo una masacre en noviembre de 2019.

Pero no fue sólo la confirmación de los hechos luctuosos en éstas y otras regiones del país, sino también se demuestra que en el Estado Plurinacional se dio un golpe de Estado, se produjo una sucesión anticonstitucional que rompió el sistema democrático que por 37 años fortalecía el diario vivir del país.

En este informe podemos destacar muchos puntos que determinan que Bolivia vivió una etapa nefasta en la cual un grupo de políticos quiso manejar los destinos del país como en la etapa golpista del siglo pasado.

Según el reporte del GIEI, al menos 38 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país, y centenares más recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

Según el GIEI, la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de manera excesiva y desproporcionada, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia; dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol constitucional.

Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes lamentaron la conformación de grupos de choque como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía y asumieron tareas “parapoliciales” durante el motín policial.

En el contexto de una lectura minuciosa se advierte la violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres que fueron atacadas en esa época, también se comprobó dentro este capítulo las ejecuciones sumarias durante la masacre en Sacaba, Senkata y Pedregal.

En el informe que se hizo público ayer 17 de agosto, los expertos constatan muchos hechos de vejámenes psicológicos, racistas, además de torturas cometidas por agentes policiales en contra de los detenidos, en su mayoría jóvenes indígenas. 

A todos estos detalles que se presentan en el compilado de más de 500 páginas se suman el mal uso religioso y el manejo de la Biblia en los cabildos cívicos para justificar como una causa divina el movimiento que organizaron en contra de Evo Morales y fomentar la idea antiindigenista, llegando a quemar uno de los símbolos patrios como es la wiphala.

Si bien los datos muestran todos los hechos que derivaron en las masacres en varias regiones del país, el objetivo mayor de estos grupos cívico-políticos era tomar el poder y romper la vida democrática del país.

Para este efecto y con la convulsión instalada en el país, dieron el golpe de Estado mediante el acto de sedición de la fuerza policial y la salida a las calles de la fuerza militar que determinó la autoproclamación de Jeanine Añez primero como presidenta del Senado y posteriormente como mandataria del Estado Plurinacional, vulnerando todos los caminos legales que debían cumplirse y respetarse.

Ayer el pueblo boliviano confirmó que hubo una masacre, además de crímenes de lesa humanidad entre el 20 de octubre, día de las elecciones nacionales, y el 25 de noviembre, en su primera etapa, pues las persecuciones y detenciones a muchos dirigentes sindicales, exautoridades y personas que se identificaban con el Movimiento Al Socialismo continuaron bajo el mando del entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo, liderado por la presidenta autoproclamada Jeanine Añez, que nos llevó a vivir una de las páginas más oscuras de la historia de Bolivia.