Luego de ocho meses de trabajo en contacto directo con las víctimas, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, testigos presenciales de los hechos de violencia y autoridades e instituciones bolivianas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ayer su informe final sobre las violaciones de derechos humanos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Debido a la crisis política y social que Bolivia vivió luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita de observación entre el 22 y 25 de noviembre de ese año y, entre sus observaciones preliminares estableció la existencia de “graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias”, por ello recomendó la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia.

El GIEI trabajó con autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad y sobre todo para identificar debidamente a los responsables.

El 10 de diciembre de 2019, mediante Nota Diplomática MPB-OEA-NV 274-19, el gobierno transitorio expresó su conformidad con la realización de una investigación internacional imparcial que determinaría y calificaría los hechos de violencia ocurridos en el país y, con base en estos antecedentes, la CIDH y el Estado firmaron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en Bolivia en ese periodo de tiempo.

El GIEI Bolivia fue integrado por cinco expertos de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá. Y Jaime Vidal fungió como secretario ejecutivo del grupo.

También contó con un equipo técnico de investigadoras e investigadores de distintas nacionalidades.

EL TRABAJO

El equipo técnico de investigadores radicó en La Paz y estuvo compuesto por profesionales de distintas nacionalidades y con experiencia multidisciplinaria en el ámbito penal y de derechos humanos.

La agenda de trabajo consistió en reuniones y audiencias públicas con autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas, víctimas y familiares.

Se recorrieron las ciudades de La Paz y El Alto, Cochabamba, el Chapare, Santa Cruz, Montero, Potosí y Sucre, donde se escuchó en audiencias públicas a las víctimas y a actores y autoridades. Se sostuvieron reuniones con representantes de Diputados, Senado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Instituto de Identificación Forense (IDIF), los ministerios de Defensa, Gobierno, de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Salud, Procuraduría General y Tribunal Constitucional.

A partir de la información recopilada en dos semanas, el GIEI Bolivia elaboró un plan de trabajo general y planes de investigación específica para los hechos acontecidos en Betanzos, Cochabamba, Challapata, El Alto, La Paz, Montero, Sacaba, Santa Cruz, Senkata, Potosí, Vila Vila y Yapacaní.

A lo largo de su mandato, el GIEI Bolivia entrevistó a más de 400 personas, entre víctimas, testigos, autoridades, actores políticos y personalidades públicas que brindaron su testimonio.

Se reunió con periodistas nacionales y sindicatos de prensa, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como con organismos internacionales y delegaciones diplomáticas en Bolivia.

Para la toma de testimonios se implementó una metodología basada en la voluntariedad y confidencialidad de las víctimas, familiares y testigos. En primer lugar, se centró en generar un ambiente de confianza y comodidad para las personas que brindaron testimonio.

Respecto de la revisión de expedientes y demás información investigativa u oficial sobre los hechos de violencia que se solicitó al Estado y otros órganos autónomos mencionados, el GIEI Bolivia analizó más de 120 mil  folios de expedientes investigativos, judiciales, periciales e información aportada por diversas autoridades. De igual forma, analizó más de 1.000 archivos de material audiovisual aportados por la sociedad civil, autoridades, CIDH, así como material de la prensa y de las redes sociales.

Adicionalmente, contó con el apoyo de pericias internacionales para aspectos técnicos y específicos, tales como balística, antropología forense, experticia militar, imágenes satelitales, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la organización Justice Rapid Response.

Finalmente, los expertos inspeccionaron varias oficinas e instalaciones gubernamentales afectadas por los hechos de violencia, tales como tribunales electorales, estaciones policiales integrales y la planta de YPFB-Senkata.