La experta del GIEI, Patricia Tappatá, estuvo a cargo de la presentación del informe final al Gobierno de Luis Arce, el mismo que contiene ocho capítulos basados en el Acuerdo suscrito entre la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El GIEI examinó algunos aspectos del funcionamiento de la justicia en Bolivia, en particular elementos como: la falta de independencia de la administración de justicia; la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política; el uso abusivo de la prisión preventiva; y, los obstáculos al derecho y acceso a la verdad y la justicia. 

Sobre los cuatro elementos analizados, el GIEI advierte que el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público “no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales”. 

Pese al desarrollo normativo en la materia, el GIEI advierte que “persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia”. La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales “están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales a lo largo del informe”.

El GIEI advierte que, si bien los casos referidos en el informe acontecieron durante el periodo objeto de su mandato, “las falencias identificadas son un problema estructural”, remarca.

Incluso, se lee en el informe, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) ha identificado, de manera reiterada, “la falta de independencia de la justicia de los poderes políticos y económicos en todos los niveles y la corrupción de la justicia como graves problemas estructurales y de larga data”.

De igual manera, agrega, otras instancias internacionales han manifestado su preocupación debido a la ausencia de independencia del sistema de justicia. “Diversas organizaciones de la sociedad civil bolivianas han denunciado una amplia gama de falencias en el sistema de justicia que impiden el desarrollo de sus funciones de manera independiente y efectiva”.

Señala que varios factores han contribuido a la injerencia política en la justicia. Entre ellos está el hecho de que la mayoría de los jueces, las juezas y fiscales actualmente ocupa cargos de carácter transitorio, aunado a la falta de independencia de las instituciones encargadas de los nombramientos de estos funcionarios a sus cargos.

El grupo de especialistas también destaca que “la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas” no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. “El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”, refiere.

El GIEI también advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria.

Una tendencia que se observó en los expedientes investigativos y judiciales iniciados entre septiembre y diciembre de 2019, dice, fue el uso frecuente de las figuras penales de sedición y terrorismo para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición.

La apertura de investigaciones fiscales y procesos judiciales bajo estos tipos penales vino en muchos casos precedida o acompañada de expresiones públicas de autoridades para que se llevaran a cabo las detenciones y la apertura de procesos, indica. 

De esta forma, agrega el informe, un factor de debilitamiento de la confianza en el sistema de justicia es el “uso del proceso penal para la persecución política”. 

“Esa distorsión de la función judicial está, en muchos casos, relacionada con la utilización indebida de los tipos penales de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición”. 

Señala que esos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad. “La formulación de una figura de terrorismo desvinculada del elemento específico de ‘producir temor en la población’ no cumple con los estándares internacionales. Además, se observa que la Fiscalía también utiliza abusivamente esos tipos penales para procesar arbitrariamente conductas que notoriamente no tenían los elementos subjetivos de esos crímenes”.

Debe acotarse, dice, el uso habitual y casi preestablecido de la prisión preventiva, y que los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario deben ser atendidos con la mayor urgencia para eliminar las prácticas abusivas que caracterizan a todo el circuito penitenciario.

Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron un Acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre, se suscribió el 12 de diciembre de 2019.

El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá.