El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia ocurrida en Bolivia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019, confirma la ruptura del orden constitucional con un golpe de Estado, la sucesión ilegal de Jeanine Añez como presidenta, el delito de ejecución extrajudicial y la violación de derechos humanos, aseguró ayer el presidente Luis Alberto Arce Catacora.

La presentación oficial del documento del GIEI se desarrolló en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB).

El acto contó con la presencia del vicepresidente David Choquehuanca Céspedes; los ministros de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta; y de Justicia, Iván Lima; representantes de las organizaciones de víctimas de Sacaba y Senkata; el cuerpo diplomático acreditado en el país, entre otros.

El Jefe de Estado ratificó su voluntad de cumplir el mandato popular de restituir la memoria, la verdad y la justicia de lo ocurrido en Bolivia en 2019, en el marco del respeto al derecho, la razón y el debido proceso, sobre las bases de la investigación elaborada por el GIEI.

Señaló que en las más de 750 páginas de testimonios recogidos por los expertos independientes se registran relatos desgarradores de torturas, vejámenes y crímenes de lesa humanidad, sobre la base de evidencias fácticas y científicas. “Podemos identificar con claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que lamentablemente sucedieron en nuestro país en el golpe de Estado, coordinado y gestado varios meses antes de noviembre de 2019 con llamados expresos a la desobediencia civil y al desconocimiento de los resultados de las elecciones generales, como es el caso de algunos dirigentes políticos y cívicos”, manifestó.

Arce dijo que el trabajo del GIEI refleja que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos.

“El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos (…) Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otras normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos”, señala parte del informe al que dio lectura el Presidente.

GOLPE DE ESTADO

Con relación a las declaraciones de los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, respecto a la sugerencia de renuncia al presidente Evo Morales, Arce Catacora dijo que el GIEI explica que las fuerzas militares y policiales tienen en cualquier país la responsabilidad democrática del más alto nivel.

Debido al potencial desestabilizador de las fuerzas militares y policiales, justamente por ser las únicas armadas y también por las amargas memorias sobre su actuación en el continente, sus regímenes jurídicos las distancian por completo de actos de naturaleza política y, sobre todo, de posturas que confronten o protejan personalmente a mandatarios civiles o a figuras de oposición.

“El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica. Al respecto, la Carta Democrática Interamericana fija como componente fundamental para la democracia ‘la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad’”, leyó el Jefe de Estado.

En base a esa explicación, el Presidente dijo que se demuestra que en el país las FFAA y la Policía no cumplieron con su rol constitucional. “Hermanas y hermanos, los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”, sostuvo.

SUCESIÓN INCONSTITUCIONAL

El informe de los expertos da cuenta de que el artículo 169 de la Constitución de Bolivia señala que “en caso de impedimento o ausencia definitiva” del presidente, “será reemplazado en el cargo” por el vicepresidente y, a falta de éste, por el presidente del Senado y, a falta de éste, por el de la Cámara de Diputados. “En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.

Por lo que después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019, se desencadenó una serie de dimisiones de las personas consideradas para asumir la presidencia, de acuerdo con la cadena de sucesión presidencial.

“Para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores, de acuerdo con su reglamento interno. (…) El mismo reglamento tiene normas que, de un lado, atribuyen a la segunda vicepresidenta reemplazar a la presidenta y a la primera vicepresidenta cuando ambas se hallen ausentes y, de otro, define que corresponde la presidencia de la Cámara al bloque de la mayoría. En reunión del Senado, sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el informe.

El Jefe de la Casa Militar impone la banda presidencial a Jeanine Añez, quien se autoproclamó como presidenta el 12 de noviembre de 2019.

Además, el “12 de noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) emitió un ‘Comunicado’ señalando que entendía todavía aplicable con la vigencia de la Constitución de 2009 una Declaración Constitucional de 2001, en la cual decidió sobre sucesión presidencial en casos de vacancia. Ese mismo día de noviembre, Jeanine Añez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, añade el documento.

“Los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y antiindigenista, acompañados de diversos actos de desprecio y repudio hacia la identidad indígena, representada en esos momentos por la wiphala, lo que indignó a las personas que se autoidentifican como población indígena, originaria, campesina y comunitaria. Además, altos dirigentes de la nueva administración se pronunciaron prometiendo el ‘escarmiento’ y la ‘cacería’ de los ahora opositores”.

“Una de las primeras acciones implementadas en el gobierno de Jeanine Añez fue la promulgación del Decreto 4078, sobre actuación de las Fuerzas Armadas, el 14 de noviembre de 2019”.

Al respecto, sobre la ruptura constitucional, el Presidente del Estado dijo que “después de 37 años de democracia, el informe establece claramente lo que señala la Constitución Política del Estado con relación a la sucesión presidencial, e indica de manera textual que en reunión del 12 de noviembre de 2019, del Senado sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, y luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia. Ingresó a Palacio Quemado y un militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”.

MASACRE

El Primer Mandatario dijo que el informe del GIEI explica que la violación de los derechos humanos por el régimen de Añez se inició el 14 de noviembre de 2019 con la promulgación del Decreto Supremo N° 4078, que autoriza a las Fuerzas Armadas el uso de armas de fuego para la represión, eximiéndoles de toda responsabilidad.

Manifestó que el informe señala que: “(…) Desde su publicación, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el contenido del decreto. Al respecto, la CIDH manifestó: El decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento y estabilidad del orden interno, desconociendo los estándares internacionales de derechos humanos y estimulando la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”.

Producto de estas acciones violatorias de los derechos humanos, Arce Catacora dijo que 38 bolivianos recibieron disparos y fueron masacrados. Otros centenares de personas sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. “El 28 de noviembre de 2019, debido a la presión nacional e internacional, se derogó este Decreto Supremo, pero para ese entonces las masacres de Senkata y Sacaba, los dos hechos de violencia con mayor número de víctimas mortales como resultado de un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, ya habían acontecido el 15 y 19 de noviembre”, manifestó.

Familias velan en vía pública a sus familiares asesinados con armas de fuego disparadas por militares en noviembre de 2019.

PEDIDO DE PERDÓN A LAS FAMILIAS DE LOS ASESINADOS A NOMBRE DEL ESTADO

El presidente Luis Alberto Arce Catacora, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, pidió perdón a las familias de los 38 bolivianos asesinados por el régimen de facto de Jeanine Añez, entre noviembre y diciembre de 2019.

En el Banco Central de Bolivia (BCB), en ocasión de recibir el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la masacre de Sacaba y Senkata, el Jefe de Estado rindió homenaje con un minuto de silencio a los victimados por impactos de bala en defensa de la democracia.

“Hoy (ayer) en el auditorio del Banco Central de Bolivia honramos la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo, ya que los culpables nunca lo hicieron. A nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias”, sostuvo.

Acto seguido, el Presidente nombró a cada uno de los bolivianos asesinados en noviembre de 2019, y los concurrentes replicaban “gloria y justicia” para las víctimas.

NÓMINA DE LAS VÍCTIMAS DEL RÉGIMEN DE FACTO

1. Límbert Guzmán Vásquez (20)

2. Beltrán Paulino Condori Aruni (23)

3. Percy Romer Conde Noguera (31)

4. Mario Salvatierra Herrera (54)

5. Marcelo Ricardo Terrazas Selene (48)

6. Silverio Condori (57)

7. Filemón Soria Díaz (45)

8. Miguel Ledezma Gonzales (24)

9. Juan Martín Pérez Taco (18)

10. Heyber Yamil Antelo Alarcón (45)

11. Juan José Mamani Larico (35)

12. Marcelino Jarata Estrada (53)

13. Roberth Ariel Callisaya Soto (20)

14. Filemón Salinas Rivera (15)

15. Omar Calle Siles (26)

16. César Sipe Mérida

17. Juan López Apaza

18. Emilio Colque León (21)

19. Lucas Sánchez (43)

20. Plácido Rojas Delgadillo (18)

21. Armando Carballo Escóbar (25)

22. Marcos Vargas Martínez (25)

23. Roberto Sejas (28)

24. Juan José Alcón Parra (43)

25. Devi Posto Cusi (34)

26. Pedro Quisbert Mamani (37)

27. Edwin Jamachi Paniagua (31)

28. Joel Colque Patty (22)

29. Juan José Tenorio Mamani (22)

30. Antonio Ronald Quispe Ticona (24)

31. Clemente Eloy Mamani Santander (24)

32 . Rudy Cristian Vásquez Condori (23)

33. Milton David Zenteno Gironda (24)

34. Calixto Huanaco Aguilario (25)

35.Julio Llanos (81)

36. Julio Pinto Mamani (51)

37. Sebastián Moro (40)

38. Roger González