El informe del GIEI abordó de manera prioritaria la violencia sexual a mujeres durante los hechos luctuosos de 2019. Las denuncias y hallazgos hablan de tocamientos impúdicos, humillación y amenazas de violación contra mujeres movilizadas.

En un resumen del Grupo Interdisciplinario de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) al que accedió La Razón se habla de varios casos de mujeres víctimas de la violencia sexual de agentes estatales. Uno de ellos ocurrió el 11 de noviembre en la Estación Policial Integral (EPI) 3 de El Alto.

Un grupo de policías detuvo a una mujer embarazada. “Policías le agarraron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina. La amenazaron con matarla y violarla, mientras le decían ‘bonita, has salido a la calle, ahora vas a luchar aquí dentro también por el MAS’”, cuenta el documento cuyo fin fue establecer la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019.

La mujer había sido detenida cuando buscaba a su pariente también detenido. Dice el informe del GIEI que “mas tarde, en la FELCC, la hicieron desnudarse, y ella pensó que la iban a violar debido a que ya le habían amenazado con violarla”.

“Esta mujer fue víctima de varios actos de violencia sexual, incluso de violación cuando policías insertaron un dedo en su vagina”, dice el informe.

La mujer fue golpeada, detenida tres días sin comida en celdas policiales y trasladada luego a la cárcel de Obrajes, en La Paz, donde permaneció encerrada durante cuatro meses.

Otra mujer sufrió los mismos ataques en la misma estación policial. “Los policías la insultaban diciéndole ‘vos eres una puta porque andabas detrás de la pareja de tu hermana’ y en varias ocasiones le dijeron que era ‘una perra’ y ‘una puta’, ya que cuando fue detenida estaba con su cuñado, quien también había sido detenido”.

Como la primera, la mujer fue trasladada a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde también sufrió ataques. Cuenta el GIEI que ella dijo que “la iban a violar porque odian a los masistas”.

Un tercer caso es el de otra mujer detenida en la FELCC de La Paz, que había participado de la marcha del 15 de noviembre y a quien también los policías la amenazaron con violarla. Era la única mujer entre varios varones detenidos.

“Cuando la llevaron a las celdas judiciales en la calle Genaro Sanjinés, le hicieron quitarse la ropa. Esta víctima refiere que durante su detención la situación la insultaron varias veces llamándola ‘puta masista’”.

Ese mismo día, otras mujeres fueron detenidas en las movilizaciones en Sacaba, Cochabamba. Eran parte de un grupo conformado también por varones. Incluso fueron arrestadas embarazadas y mayores de edad.

El informe del GIEI señala que ellas fueron llevadas a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y retenidas en una cancha de fútbol. Allí “fueron humilladas e insultadas por mujeres policías que les llamaban ‘pelotudas’ y les decían ‘¿no podían estar cocinando en sus casas?’, ‘¿no pueden estar velando sus crías?’ y ‘ven, ustedes dando la vida por el pelotudo de Evo, su Evo…’, ‘¿cuánto les ha pagado el pedófilo ese?, ¿qué les ha dado, su macho ese?’.

Testigos cuentan que fueron “enjauladas”, dice el texto. Las insultaban y decían que “no valían nada” o que eran “hediondas”.

Cuenta el GIE que otra mujer de 60 años fue detenida junto a otras cuatro, “a quienes la jalaron del cabello, la golpearon y la hicieron andar de rodillas”.

El GIEI también describe casos similares en varones, como fue el del hermano del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Marco Antonio Borda fue detenido por turbas en Potosí la mañana del 10 de noviembre de 2019.

En su reporte al GIEI, contó que fue golpeado en los genitales y las nalgas, además que le obligaron a desnudarse. También denunció que golpearon a su hijo y le rompieron la nariz, y “manosearon” a su hija.

Los violentas presionaron así para que Víctor Borda y el presidente Evo Morales renuncie a sus funciones.

“De esta forma, y a partir de los casos descritos y del análisis de género realizado en esta sección se demuestra la importancia de adoptar un enfoque de género en la documentación, la investigación y la judicialización de los hechos ocurridos entre 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019”, señala el GIEI.

“Es importante recordar que la violencia sexual no se limita a la violación sexual y que la violencia por razón de género va más allá de la violencia sexual”, complementa.