El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, determinó que hubo “racismo y desprecio a los símbolos indígenas” durante los sucesos de ese año.

El GIEI, en un resumen no oficial del informe de su trabajo investigativo, señala que “las acciones iniciales del gobierno interino (de Jeanine Áñez), como la eliminación de la wiphala de los espacios oficiales, la promoción del cristianismo evangélico como norma de orientación del Estado y los discursos racistas, sirvieron para rechazar la identidad, la cultura y la historia (de los) indígenas”.

Es así que los expertos observaron numerosos incidentes de racismo en Bolivia que, según su trabajo investigativo, “sugieren que ciertos sectores de la sociedad siguen siendo hostiles a la noción de un Estado Plurinacional inclusivo”, porque “durante el conflicto alrededor del proceso electoral de 2019, los principales acontecimientos incluyeron un componente significativo de discriminación, intolerancia y violencia racial, que reavivó una problemática histórica y estructural de identidad arraigada en el Estado boliviano”.

En ese sentido, subrayaron que en el conflicto el clima de polarización ideológica en la población creció en la medida que los líderes políticos también incentivaban o toleraban la violencia que ejercían sus simpatizantes, a lo que “se sumó la ineficaz intervención de las autoridades del Estado”.

“Esta polarización impulsó dos tendencias: la estigmatización de la población indígena, campesina, rural, en situación de pobreza o de tez morena como simpatizante del MAS; y la incorporación de una ideología religiosa al movimiento político de oposición”, se advierte en el documento.

Pues el GIEI recuerda que, por ejemplo, el uso de la Biblia y la religión durante los cabildos de los comités cívicos jugaron un papel relevante para “justificar la causa divina de su movimiento contra Evo Morales (quien renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 asfixiado por protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral, por un motín policial y una ‘sugerencia’ militar para que dimitiera) y fomentar una idea anti indigenista que pretende restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública”.

Además, según el trabajo del GIEI, los hechos de discriminación racial se expresaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. Es así que “la represión y el uso de lenguaje racista y anti indígena se dirigió exclusivamente en contra de la población movilizada que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata”, se destaca en el resumen del informe.

Por eso también la gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecían a ese segmento poblacional y en particular, de acuerdo al documento, las personas arrestadas o detenidas fueron víctimas de agresiones verbales de naturaleza racial como el uso peyorativo de palabras: “indio”, “perro” y “colla”.

“Sin embargo, la estrategia de mano dura estigmatizaba a la totalidad de esta población. Así, el GIEI reconoce múltiples actos de discriminación contra los pueblos indígenas en el período analizado (y) éstos se concretaron en violencia selectiva contra miembros de pueblos y comunidades indígenas, persecución específica de personas indígenas en posiciones de autoridad, insultos y epítetos racistas, incluso por parte de representantes de las autoridades, y ataques a símbolos de identidad como la wiphala o el vestido indígena”, se reafirma en el documento.